Sentencia N° 2531 de 2001: acción de amparo constitucional

… decisión en concordancia con una jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, establecida, originalmente, cuando no se encontraba vigente el referido Reglamento, para resolver casos que no guardaban analogía alguna con el de autos, según la cual “...el procedimiento seguido en la segunda instancia no puede tramitarse ninguna incidencia, ni tampoco puede darse la apertura de los lapsos de promoción y evacuación de pruebas, ni el acto de informes, ni constitución del tribunal con jueces asociados, solamente el juez de alzada está en la obligación de revisar si la decisión dictada por el juzgado de la causa, cumple con los parámetros otorgados por nuestro ordenamiento jurídico para su validez y su eficacia...”. En este sentido, expresó que de haber respetado el Juez de alzada el derecho al debido proceso, dando cumplimiento a la norma contenida en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, “...hubiera caído en cuenta de la inaplicabilidad de dicha jurisprudencia, entonces, se hubiera visto en la obligación de analizar el contenido del Artículo 118 ejusdem (sic) (De obligada aplicación supletoria en todos los procedimientos del trabajo, según Artículo 31 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo) y seguramente hubieran acogido la interpretación que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le ha dado en Sentencia Nº 238, dictada el 24 de Abril de 2.000, con ponencia del Magistrado JOSE M. DELGADO OCANDO...”.(Subrayado de la accionante). Ahora bien, esta Sala Constitucional, en un caso similar al de autos, dejó sentado que el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo es evidentemente violatorio del artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, dado que la intención de la norma es que el procedimiento de segunda instancia opere en forma expedita sin incidencias ni interferencias de ninguna naturaleza, pues, por ello no se previó en dicha ley, lapsos probatorios, lapso para informes, derecho a designar jueces asociados ni ninguna otra incidencia judicial en tal procedimiento. Por tal razón, en la oportunidad mencionada, concluyó esta Sala que el artículo 59 del referido Reglamento resultaba inaplicable, por estar viciada de inconstitucionalidad, pues no podía innovar y crear en ninguna forma un procedimiento en segunda instancia para lo cual ni siquiera se encontraba autorizado por la Ley Orgánica del Trabajo.