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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 1549 de 2001: demanda de amparo constitucional

22 de agosto de 2001ConstitucionalAmparo ConstitucionalSin lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia dictada el 22 de agosto de 2001, declaró improcedente la demanda de amparo constitucional interpuesta por Edgar Antonio Sosa Vela contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de Mérida.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 1549, Exp. 01-0567, 22/08/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia dictada el 22 de agosto de 2001, declaró improcedente la demanda de amparo constitucional interpuesta por Edgar Antonio Sosa Vela contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de Mérida. La demanda se fundamentó en la alegación de violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, en el contexto de un juicio laboral previo donde se cuestionó la legitimidad de la representación de la parte demandada. La Sala determinó que la acción de amparo no era procedente, ya que la decisión impugnada no vulneraba derechos o garantías constitucionales, y se ajustaba a las disposiciones legales pertinentes. Se destacó que la citación y el proceso se llevaron a cabo conforme a derecho, y que las cuestiones previas planteadas por la parte demandada fueron…
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… debidamente resueltas por el tribunal de instancia. Finalmente, se reafirmó la competencia de la Sala para conocer de la demanda de amparo, pero se concluyó que no existían fundamentos suficientes para admitirla, resultando en la decisión de declarar la demanda sin lugar.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo intentada por el ciudadano EDGAR ANTONIO SOSA VELA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida el 7 de noviembre de 2000. Regístrese, publíquese y notifíquese. Archívese el expediente.

El fundamento

La acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias. En el caso de autos, se observa que el quejoso demandó el pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra “Distribuidora Gómez,…
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… S.R.L.”, en la persona de su administrador, ciudadano Oswaldo Gómez Carrero y contra Samuel Gómez, en su condición de dueño de los vehículos con los que prestó el servicio de chofer. En la primera instancia del juicio laboral, en la oportunidad de contestar la demanda, se presentó el ciudadano Oswaldo Gómez Carrero y alegó no ser el representante judicial de Distribuidora Gómez, S.R.L, razón por la cual en lugar de contestar el fondo de la demanda, opuso la cuestión previa de falta de legitimidad, prevista en el artículo 346, cardinal 4, del Código de Procedimiento Civil. Dicha cuestión previa fue declarada sin lugar por el tribunal de la causa laboral, al considerar que si bien la citación no se practicó en la persona del representante legal, la persona citada era el Administrador del demandado y, en los términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo debía tenérsele como representante del empleador sin mandato expreso, razón por la cual estimó válida la citación, pero ordenó “perfeccionarla”, con la fijación, en la oficina del patrón del cartel que dispone el artículo 52 eiusdem.
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Datos del expediente
Expediente01-0567
PonentePedro Rafael Rondón Haaz
Fecha de la decisión22 de agosto de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteEdgar Antonio Sosa Vela
Parte demandada / contraparteDistribuidora Gómez, S.R.L.
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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