Sentencia N° 1117 de 2001: acción de amparo contra el Decano de la Facultad de Odontología

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocó la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta por Clodoaldo José Agüín Rodríguez. El accionante alegó que se le había impedido participar en las sesiones del Consejo de Facultad de Odontología tras su jubilación, lo que consideró una violación de sus derechos constitucionales. La Sala determinó que la Corte Primera no había señalado adecuadamente el medio procesal idóneo para resolver la situación del accionante.

REVOCA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 23 de mayo de 2000, al conocer en primera instancia de la acción de amparo intentada por Clodoaldo José Agüín Rodríguez contra las actuaciones del Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y, en consecuencia, ORDENA a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre la admisibilidad de dicha acción, excluyendo de su examen la causal de inadmisibilidad en que basó la sentencia revocada, y de ser admisible proceda a tramitar el amparo solicitado.

La acción de amparo es una vía de tutela de derechos constitucionales concedida a todo ciudadano para obtener el restablecimiento inmediato de una particular situación jurídica infringida en el ejercicio y goce de sus derechos constitucionales, o para impedir tal lesión cuando existe amenaza inminente de que se producirá. Así, la procedencia de la acción de amparo está supeditada a que quien la intenta detente el derecho constitucional que señala lesionado, sobre cuya titularidad a favor del accionante deberá existir, al menos, una seria apariencia, y cuya infracción deberá ser alegada y demostrada por el accionante. Es así, como la mayoría de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo contempladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, presuponen expresamente la existencia de una infracción, o de una amenaza de infracción, de un derecho o garantía constitucionales en una situación jurídica subjetiva que requiera y pueda ser inmediatamente reestablecida.