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Sala Político Administrativa · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 694 de 2000: regulación de jurisdicción en contrato de arrendamiento

29 de marzo de 2000CivilRegulacion de JurisdiccionCon lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta por Edith Yolanda Bacalao Rodríguez contra Alba Lucía Valencia de Soto.

Cita oficial: TSJ/SPA, Sent. N° 00694, Exp. 0080, 29/03/2000

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Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta por Edith Yolanda Bacalao Rodríguez contra Alba Lucía Valencia de Soto. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para decidir sobre la acción, confirmando la decisión impugnada del tribunal de la causa. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda por faltas procesales de los abogados de la parte demandada.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por Edith Yolanda Bacalao Rodríguez contra Alba Lucía Valencia de Soto. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 23 de enero de 1.999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que los abogados de la parte demandada ha…
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… incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de los abogados Nelson Carta Guillarte y Carmen Castillo Briceño, Impreabogado Números 24.958 y 24.959 respectivamente, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

El fundamento

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que…
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… la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto incumplimiento en la entrega del inmueble por parte del arrendatario, acción esta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
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Palabras clave

jurisdiccionarrendamientocontratocumplimientomultafalta procesaltribunal disciplinariopoder judicial

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Datos del expediente
Expediente0080
PonenteLevis Ignacio Zerpa
Fecha de la decisión29 de marzo de 2000
Tipo de recursoRegulacion de Jurisdiccion
MateriaCivil
Parte actora / solicitanteEdith Yolanda Bacalao Rodríguez
Parte demandada / contraparteAlba Lucía Valencia de Soto
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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