Sentencia N° 3047 Político-Administrativa TSJ 2001: Soraya Pérez Aponte vs Milton George Abboud — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por el demandado en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de la demanda presentada por la abogada Soraya Pérez Aponte contra Milton George Abboud. La Sala confirmó la decisión del juzgado de origen que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, imponiendo además una multa al demandado por la solicitud infundada de regulación de jurisdicción.

El presente expediente fue remitido a la Sala mediante Oficio N° 2320-386, indicando el a quo lo siguiente: “Vista la solicitud de regulación de la jurisdicción, intentada por este último ciudadano, asistido del abogado JORGE NAVA MANZANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.241 (folio 51 Vto), impugnando la decisión dictada por este Despacho, en fecha 16 de octubre de 2001 (folios 49 y 50), en la cual se declara competente para seguir conociendo de la presente causa”. Es de resaltar que el a quo señaló que mediante la decisión de fecha 16 de octubre de 2001, se había declarado competente para conocer la causa, cuando lo que declaró es tener jurisdicción; por tanto es evidente que confundió conceptos básicos que debe aclararle esta Sala. En efecto, como tantas veces ha explicado esta Sala, todos los jueces tienen jurisdicción, pues todos pueden administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, pero esa labor jurisdiccional está dividida, es decir, se reparte entre todos los jueces; y los principales factores que la condicionan son la cuantía, el territorio y la materia, o sea que no todos los jueces tienen las mismas competencias. Ahora bien, nuestro Código de Procedimiento Civil prevé, en forma expresa, dos casos donde puede declararse la falta de jurisdicción del Juez, siendo taxativa la enumeración de los casos, a saber: Frente a la Administración Pública y Frente al Juez extranjero. Determinado lo anterior, infiere la Sala que la intención de la parte demanda al apelar de la decisión dictada por el tribunal remitente en fecha 16 de octubre de 2001, mediante la cual dicho tribunal declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, fue solicitar la regulación de jurisdicción. En tal sentido, se observa que la parte demandante solicitó en el libelo la resolución del contrato de arrendamiento según ella suscrito entre su representada y el demandado, pidiendo además que se le devolviese la cantidad de dinero entregada como depósito. Al respecto, el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios dispone: “Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía”. De acuerdo a lo anterior, al estarse solicitando al demandado la resolución de un contrato de arrendamiento, el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la identificada demanda. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la abogada Soraya Pérez Aponte, Presidenta de la sociedad mercantil UNIDAD EDUCATIVA ARAMAIPURO, C.A., contra el ciudadano MILTON GEORGE ABBOUD. Queda así confirmada la decisión emitida por el a quo en fecha 16 de octubre de 2001. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado Jorge R. Nava Manzano, ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al asesorar al demandado en la interposición de la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, a fin de que esta institución provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Jorge R. Nava Manzano, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.242, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el resultado de sus gestiones. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.