Sentencia N° 2728 Político-Administrativa TSJ 2001: Inversiones Belkis de Herrera vs Juan Bautista Pérez Torres

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la acción de resolución de contrato de arrendamiento interpuesta por la sociedad mercantil INVERSIONES BELKIS DE HERRERA contra JUAN BAUTISTA PÉREZ TORRES. Se ratificó que el Poder Judicial tiene la competencia para decidir sobre estas acciones, independientemente de su naturaleza, y se confirmó la decisión del juzgado de origen que había declarado que sí existía jurisdicción para conocer del caso. La Sala también impuso una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua debido a las faltas procesales del abogado Carlos Chávez Cadenas, quien actuó sin fundamento jurídico, obstaculizando el proceso. Finalmente, se ordenó la publicación y registro de la sentencia, así como el cumplimiento de lo ordenado, reafirmando la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia en la materia.

El criterio de la Sala en reiterada jurisprudencia ha sido que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero de 2000. De la revisión de las copias certificadas remitidas se desprende que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES BELKIS DE HERRERA, contra el ciudadano JUAN BAUTISTA PÉREZ TORRES. Queda así confirmada la decisión emitida por el a quo en fecha 13 de febrero de 2001. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado Carlos Chávez Cadenas, ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Carlos Chávez Cadenas, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.772, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el resultado de sus gestiones.