Sentencia N° 2827 Político-Administrativa TSJ 2001: John Herrera Merchán vs Transportes Marinos de Occidente, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción alegada por la parte demandada en un juicio de nulidad de asamblea. Se determinó que la controversia debía ser conocida por la jurisdicción mercantil ordinaria, dado que existía un pacto arbitral previo entre las partes. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, argumentando que el tribunal arbitral no podía conocer de su propia nulidad.

En anteriores oportunidades, esta Sala ha señalado que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero. Ahora bien, en el presente caso, el conflicto jurisdiccional no se ha planteado entre un Tribunal venezolano y uno extranjero, ni tampoco entre un juez y la administración pública. Lo que se ventila es la falta de jurisdicción del juez, por cuanto existe un pacto arbitral previo, en el que los socios precisaron que todas las disputas que se pudieren dar entre ellos y la sociedad, serían resueltas a través del arbitraje, todo lo cual se encuentra contenido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil demandada, aprobados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas en fecha 6 de julio de 1999, relativo al 'arbitraje de equidad y régimen supletorio', que fuera invocado por la parte promovente de la falta de jurisdicción y, que establece: 'Con salvedad de los casos en los que las Leyes establecen un procedimiento especial de obligatoria observancia, las diferencias que puedan surgir entre los accionistas, como tales o entre éstos y la Sociedad, o su Administrador, serán dirimidas por tres árbitros en equidad, nombrados de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Para la formalización Judicial del Compromiso, los socios con renuncia de su fuero propio si fuere otro, se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Maracaibo, siendo los gastos que la misma ocasione y los daños y perjuicios originados, a cargo de quien con su conducta activa o pasiva, hubiere dado lugar a ello.' En virtud de lo anterior, resulta errado el ejercicio del recurso de regulación de jurisdicción, toda vez que, como se señaló precedentemente, no se verificaron los supuestos de procedencia para su ejercicio, es decir, no se está en presencia de un conflicto planteado entre un Tribunal venezolano y uno extranjero, ni tampoco entre un juez y la administración pública, sino de lo que se trata es de una controversia planteada en torno a una cláusula arbitral, que se encuentra en el artículo 20 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil demandada.

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1- No procede la consulta, 2- Que corresponde a la jurisdicción mercantil ordinaria conocer y decidir la demanda de nulidad de asamblea intentada por el ciudadano JOHN HERRERA MERCHÁN, contra la sociedad mercantil TRANSPORTES MARINOS DE OCCIDENTE, C.A.. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 25 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen a los fines de que continúe la tramitación de la causa. Cúmplase lo ordenado.