Sentencia N° 434 de 2026: aceptación de competencia en recurso contencioso administrativo funcionarial

… por la cual esta Sala declara que acto cuya impugnación se pretende, fue el dictado por la Sala Plena y no por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Precisado lo anterior, a los fines de determinar la competencia por la materia y el rango del órgano que dictó el acto, es imperativo traer a colación la doctrina vinculante establecida por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia número 1.812 del 20 de octubre de 2006, (caso: Francisco Ramos Marín), en la cual se delimitó de manera categórica la naturaleza jurídica de los actos dictados por la Sala Plena en ejercicio de sus atribuciones de gobierno y administración del Poder Judicial. En dicho fallo se dejó sentado que: “(…) las actuaciones administrativas de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia así como las omisiones o abstenciones que le sean imputables, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7, 19, 25, 26, 27, 28, 49, 137, 141 y 259 del Texto Constitucional, se encuentran sometidas al control jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial competentes para ello, específicamente, en atención al rango de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dentro de la organización política e institucional del Estado venezolano, de esta Sala Constitucional, cuando contra dichas actuaciones se ejerzan amparos autónomos, con base en lo establecido en los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y de la Sala Político-Administrativa, cuando se ejerzan recursos de nulidad con fundamento en los artículos 112 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”. (Destacado de esta Sala). Este criterio jurisprudencial fue ratificado por dicha Sala Constitucional, en su sentencia número 2.088 del 7 de noviembre de 2007, (caso: Eduardo García), en la cual reafirma que los actos de carácter administrativo dictados por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, en el ejercicio de sus potestades contempladas en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, están sujetos al control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa en su más alto nivel.