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Sala Político Administrativa · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 421 de 2000: regulación de jurisdicción en contrato de arrendamiento

29 de febrero de 2000Contencioso-AdministrativoRegulacion de JurisdiccionCon lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento.

Cita oficial: TSJ/SPA, Sent. N° 00421, Exp. 16090, 29/02/2000

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Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento. La empresa INVERSIONES DOUMET, C.A. demandó a FRANCISCO MANGOÑA, alegando incumplimiento de cláusulas del contrato. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión del tribunal inferior que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción planteada por el demandado.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la empresa mercantil INVERSIONES DOUMET, C.A. contra el ciudadano FRANCISCO MANGOÑA, ambas partes antes identificadas. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 6 de agosto de 1998. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de…
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… que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Salim Richani Gutiérrez, Inpreabogado Nº 49.193, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

El fundamento

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que…
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… la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, presuntamente por incumplimiento de cláusulas estipuladas en el mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente16090
PonenteJosé Rafael Tinoco
Fecha de la decisión29 de febrero de 2000
Tipo de recursoRegulacion de Jurisdiccion
MateriaContencioso-Administrativo
Parte actora / solicitanteInversiones Doumet, C.A.
Parte demandada / contraparteFrancisco Mangoña
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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