Sentencia N° 303 de 2001: regulación de jurisdicción en caso de intimación de cobro

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la impugnación de la jurisdicción presentada por la parte demandada, FLETES ACME VENEZOLANA, S.A., en un caso de intimación de cobro. La demandante, SIEXMACA SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN MARITIMOS Y AEREOS C.A., había demandado el pago de una suma de dinero debido a un cheque que no fue pagado. La parte demandada alegó falta de jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero, argumentando que el cheque estaba emitido contra un banco en Miami, Florida. La Sala determinó que la jurisdicción del juez venezolano era válida, ya que la acción cambiaria se dirigía contra el librador, que tenía domicilio en Venezuela. Se concluyó que la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la demandada no prosperaba, reafirmando que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer del caso. Finalmente, se declaró SIN LUGAR la impugnación y se confirmó la decisión del juzgado de instancia.

Primero: SIN LUGAR la impugnación efectuada, mediante recurso de regulación de jurisdicción, por la abogado ROSA MORALES, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil FLETES ACME VENEZOLANA, S.A. contra la decisión dictada en fecha 27 de marzo de 2000, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Segundo: Que los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela SI TIENEN JURISDICCIÓN para conocer y decidir la controversia objeto de la presente causa. Tercero: Queda, en consecuencia, confirmada la decisión del a quo, en los términos aquí expuestos.

La derogatoria de la jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero, es de carácter excepcionalísimo y sólo opera bajo supuestos taxativos establecidos ex lege. En el presente caso, se trata de una acción personal, con prescripción decenal, y las acciones personales se ejercen en el domicilio de las partes. Tanto la demandante como la demandada son personas jurídicas con domicilio en Caracas, lo que reafirma la jurisdicción del juez venezolano. La acción cambiaria incoada no es contra el banco librado sino contra el librador, que es una empresa domiciliada en Venezuela. Por lo tanto, se concluye que no prospera la cuestión previa opuesta por la parte demandada.