La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la medida cautelar solicitada por Carlos Vargas Serrano, quien impugnó el acto administrativo de destitución dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La decisión se basa en la falta de elementos que demuestren un perjuicio irreparable y en la insuficiencia de los argumentos presentados por el recurrente para justificar la suspensión del acto impugnado.
Extracto de la motiva
La Sala observa que la acusación formulada por la Inspectoría General de Tribunales constituye un acto de trámite, donde una vez realizadas las investigaciones pertinentes y dependiendo de los elementos recabados en esta fase investigativa, la Inspectoría puede imputar los cargos al funcionario encausado y en base al cual, éste debe plantear su defensa, presentado los alegatos y pruebas que estime pertinentes. Por tanto, el juez encausado tiene una oportunidad posterior a la acusación para presentar los alegatos y pruebas correspondientes, tal como hizo. Luego, determinar si la no evacuación de las pruebas promovidas en el escrito de defensa tuvo una incidencia en el acto administrativo definitivo, lo que pudiera aparejar una violación del derecho a la defensa y al debido proceso, constituye una materia sobre la cual la Sala debe pronunciarse al momento de la decisión de fondo.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por el abogado CARLOS VARGAS SERRANO, con ocasión al recurso de nulidad ejercido contra el acto administrativo contenido en la decisión N° 019-2005, de fecha 10 de agosto de 2005, dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL.
Palabras clave
nulidadmedida cautelardestituciónderecho a la defensadebido procesoabuso de autoridadautonomía judicial