Sentencia N° 2751 de 2001: aceptación de declinatoria de competencia en demanda por daños y perjuicios

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la declinatoria de competencia presentada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, en relación a una demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana Mercedes Matilde Mendoza Zambrano contra la Universidad del Zulia. La Sala determina que la Universidad, aunque no es considerada como la República, tiene características de un Instituto Autónomo, lo que justifica su inclusión en la jurisdicción contencioso-administrativa. La decisión se fundamenta en el análisis de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que permite conocer de acciones contra Institutos Autónomos cuando la cuantía excede de cinco millones de bolívares. En este caso, la cuantía de la demanda fue estimada en…

Por todas las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le fuere efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante sentencia de fecha 28 de junio de 2001 y, en consecuencia, se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que por daños y perjuicios interpusiera la ciudadana Mercedes Matilde Mendoza Zambrano titular de la cédula de identidad número 4.533.800, asistida por el abogado Osnar Viloria, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.533, contra la Universidad del Zulia. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente demanda, salvo lo referente a la competencia que ha sido determinada con la presente. Remítase con oficio copia de la presente decisión al Tribunal de origen. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

La Sala en diversas oportunidades ha establecido lo siguiente: “...En efecto, cabe señalar que, tanto los institutos autónomos como las universidades nacionales cuentan con personalidad jurídica propia, que les permite ser titular de derechos y obligaciones, por lo cual manejan una actuación totalmente distinta de la República. Asimismo, disponen de un patrimonio propio, independientemente del fisco nacional que les permite gozar de autonomía, haciendo posible la dirección de su propia administración. Estas razones que, naturalmente son de la esencia de las referidas instituciones, aunado al hecho de que su finalidad va dirigida al servicio de la Nación, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Universidades, hacen posible la asimilación de las universidades a la categoría de los institutos autónomos, a los efectos de considerarlas incluidas dentro de los entes contemplados en el numeral 15, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En razón de ello, resulta procedente su ubicación dentro del fuero jurisdiccional contencioso administrativo.”