Sentencia N° 1394 — Sala Político Administrativa del TSJ, 7 de diciembre de 2017

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió provisionalmente la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Marianella Villegas Salazar en representación de Gloria Damaris Flores de González, contra la Resolución Nro. 01-00-000165 del Contralor General de la República, que impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años. La Sala argumentó que la decisión se basó en la responsabilidad administrativa declarada previamente, y que no se requería un nuevo procedimiento para la imposición de la sanción accesoria de inhabilitación.

La Sala ha establecido que el debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una expresión del derecho a la defensa, el cual comprende tanto la posibilidad de acceder al expediente, el derecho a ser oído, a obtener una decisión motivada y su impugnación. En este sentido, se ha sostenido que no es suficiente que el acto administrativo sea dictado previa sustanciación de un procedimiento, sino que además, el administrado pueda ejercer las garantías y derechos que lo asisten, como son el derecho de alegar y promover pruebas. En el caso de autos, la parte actora manifiesta que la sanción de inhabilitación de la cual fue objeto tuvo lugar sin un procedimiento previo en el que haya tenido la oportunidad para ejercer su derecho a la defensa. Así, evidencia la Sala del texto de la Resolución Nro. 01-00-000165 que el Órgano Contralor fundamentó su decisión en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual establece que la declaratoria de responsabilidad administrativa será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado.

1. Su COMPETENCIA para conocer la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con amparo cautelar por la apoderada judicial de la ciudadana GLORIA DAMARIS FLORES DE GONZÁLEZ, contra la Resolución Nro. 01-00-000165 dictada en fecha 3 de marzo de 2017, por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por medio de la cual se impuso a la referida ciudadana la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el lapso de diez (10) años. 2. ADMITE PROVISIONALMENTE la demanda de nulidad. 3. IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado.