Sentencia N° 72 de 2026: amparo Constitucional contra la Comisión Electoral del Colegio de Médicos del Estado Lara

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la acción de Amparo Constitucional interpuesta por miembros del Colegio de Médicos del Estado Lara contra la Comisión Electoral Regional. Los accionantes argumentan que la Comisión, al estar conformada por solo dos miembros, actúa de manera ilegal y vulnera el debido proceso. La Sala acepta la competencia para conocer el caso y ordena a los demandantes que corrijan las omisiones en su solicitud de Amparo en un plazo de 48 horas.

1.- Que ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante Sentencia de fecha 24 de marzo de 2026, en consecuencia, DECLARA SU COMPETENCIA para conocer y decidir la acción de Amparo Constitucional interpuesto por los ciudadanos Rafael Alberto Rojas Vargas, Leopoldo Antonio Marzullo González e Ygnacio Virgilio Ramírez Barradas. 2.- ORDENA a los ciudadanos Rafael Alberto Rojas Vargas, Leopoldo Antonio Marzullo González e Ygnacio Virgilio Ramírez Barradas, que en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, corrijan la omisión señalada e indiquen, con total claridad y sin lugar a equívocos, la descripción de las situaciones fácticas concretas que, en su opinión, provocan la violación de los derechos cuya restitución se solicita por esta vía excepcional.

La Sala Electoral considera que la acción de Amparo Constitucional es procedente, dado que se relaciona con la actuación de la Comisión Electoral del Colegio de Médicos del Estado Lara, que presuntamente vulnera el artículo 49 de la Constitución. Se destaca que la falta de quórum en la Comisión Electoral afecta la legalidad de sus decisiones. La Sala también menciona la necesidad de que los accionantes describan de manera clara los hechos que fundamentan su solicitud de Amparo, permitiendo así la correcta evaluación de la situación jurídica denunciada.