Sentencia N° 64 — Sala Electoral del TSJ, 25 de noviembre de 2021

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Luna Torrado contra la Junta Nacional de Disciplina Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. La decisión se basa en la falta de ratificación de la acción de amparo interpuesta por vía electrónica, aunque se considera la situación excepcional generada por la pandemia de COVID-19. La Sala establece que, dado que el proceso electoral ya se había llevado a cabo, la acción de amparo no puede restablecer derechos que ya no son reparables.

Corresponde a esta Sala pronunciarse en torno a su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual observa que la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa en su artículo 27 numeral 3, lo siguiente: “Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (…) 3. Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido contencioso electoral, distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional” (resaltado de la Sala). Asimismo, dispone el artículo 25 numeral 22 eiusdem, que: “Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) 25. Conocer las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral”. En este sentido, observa esta Sala, por una parte, que en el caso de autos se intenta una acción de amparo constitucional contra la JUNTA NACIONAL DE DISCIPLINA REVOLUCIONARIA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA, y se denuncia, entre otros derechos, la violación del derecho a elegir y ser elegido mediante el sufragio, y por otra, que la parte presuntamente agraviante no figura en el artículo 25 numeral 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual le atribuye a la Sala Constitucional el conocimiento de los amparos que se interpongan contra los órganos electorales allí mencionados. Evidenciada la naturaleza electoral de la presente acción y la no aplicación del artículo 25.22 ejusdem, esta Sala Electoral declara que es el órgano competente para conocer, tramitar y decidir la causa de autos. Así se decide. Asumida la competencia, debe observar la Sala que la acción de amparo fue remitida por correo electrónico, y que la Sala Constitucional “por interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admite que, dentro del medio telegráfico a que hace alusión dicho articulado, está incluido el Internet como medio posible de interposición de la petición de amparo constitucional, limitándola a casos de urgencia y a su ratificación, personal o mediante apoderado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Ello es así con el fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionante, por constituir no sólo un hecho notorio la existencia del Internet como medio novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación, sino que, además, dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico venezolano por el reciente Decreto Ley Nº 1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001, en donde se le da inclusive valor probatorio a dichas transmisiones” (Sentencia de la Sala Constitucional número 523 del 9 de abril de 2001). En ese sentido, reza el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá ser ratificada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede su ejercicio en forma verbal y, en tal caso, el Juez deberá recogerla en un acta” (subrayado añadido). Ahora bien, visto que no consta en autos que la acción de amparo a que se ha hecho referencia y que fuere interpuesta por vía de internet haya sido ratificada ante la Sala Electoral, en la forma prevista en la norma supra transcrita, ni tempestivamente ni fuera del lapso prescrito al efecto, pareciera que la precitada solicitud debiera declararse inadmisible. No obstante, la Sala considera que en este caso deben ponderarse una serie de circunstancias, antes de proceder a emitir un pronunciamiento de esa naturaleza.

1.- Que es COMPETENTE para decidir la presente acción de amparo constitucional. 2.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GERARDO LUNA TORRADO, titular de la cédula de identidad número 9.359.325, asistido por los abogados Carmen Aurora Escalante y José Enrique Pernía Sánchez, contra la JUNTA NACIONAL DE DISCIPLINA REVOLUCIONARIA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA.