Sentencia N° 406 de 2026: recurso de control de legalidad en unión estable de hecho

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso de control de legalidad interpuesto por la ciudadana Marelys Esmeralda Barreto Flores, en contra de la decisión del Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que declaró sin lugar el recurso de apelación. La Sala determinó que el recurso era improponible, ya que la decisión recurrida no modificaba sustancialmente lo decidido en la sentencia anterior y no era susceptible de ser impugnada por el medio de control de legalidad. Además, se anuló el auto que había negado el recurso de control de legalidad, por exceder la jueza de alzada sus atribuciones.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROPONIBLE el recurso de hecho anunciado por la parte demandante, contra el auto dictado el 23 de septiembre de 2025, por el Juzgado Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en Barquisimeto; SEGUNDO: Se ANULA el mencionado auto. TERCERO: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada el 13 de agosto de 2025, por el referido Juzgado Superior de Protección. CUARTO: SE CONFIRMA la sentencia recurrida.

La Sala considera que el deber que a los jueces de instancia le imponen los artículos 509 y 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, no se limita a que éstos dejen constancia de haber leído o revisado las pruebas, para luego, desecharlas o acogerlas, sino que deben verter en la decisión las consideraciones particulares de cada prueba aportada al proceso, señalar los motivos por los que la toman o desechan y, en este último supuesto, establecer los hechos que de la misma se deriva y se da por demostrado. En el caso concreto, la actividad desarrollada por la recurrida no se corresponde con los postulados antes indicados, pues de su sola lectura, no es posible determinar cuáles fueron las pruebas aportadas por la parte querellada cuyo valor probatorio se rechazara, contrariando con ello el deber de exhaustividad del juez en el análisis de las pruebas, lo que, como señala el formalizante, ha sido sancionado anteriormente por la propia Sala de Casación Civil.