Sentencia N° 114 de 2001: conflicto negativo de competencia en cobro de prestaciones sociales

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia en un juicio por cobro de prestaciones sociales interpuesto por la funcionaria pública Celiz Josefina Gómez contra la Alcaldía del Municipio Esteller. El tribunal inferior se declaró incompetente, lo que llevó a la elevación del caso a la Sala de Casación Social. La Sala determinó que la controversia debía ser resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que la demandante era una funcionaria pública municipal.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara competente para conocer del presente asunto, al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, con sede en Barquisimeto. Publíquese, regístrese y remítase directamente este expediente al Juzgado declarado competente. Notifíquese de esta decisión al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

La actividad de la administración en materia de la función pública participa de la misma naturaleza que los demás actos realizados por la Administración para alcanzar sus fines. Por tanto, los actos de los entes estadales y de las autoridades municipales relativos a los funcionarios públicos son también actos administrativos, cuya nulidad puede ser instada en sede contencioso administrativa conforme a las reglas generales que informan tal procedimiento, esto es, la llamada acción de nulidad por ilegalidad de actos de efectos particulares. La competencia para el conocimiento de este tipo de acciones contra los Estados y los Municipios está específicamente atribuida por el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 186 eiusdem, a los Tribunales contencioso administrativo regionales.