Sentencia N° 491 de 2026: recurso de hecho

… Serrano y Freddy Márquez (folios 1 al 7 y sus vueltos del expediente). El 26 de enero de 2022, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, admitió la presente demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (folio 46 y sus vueltos del expediente). Mediante diligencia de fecha 11 de febrero de 2022, el alguacil del Juzgado de Primera Instancia, deja expresa constancia de haber logrado la citación de los demandados (folio 51 al 56 del expediente). En fecha 11 de marzo de 2022, el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda, alegando con base en el artículo 361 la falta de cualidad de la demandada y contestando al fondo (folios 58 al 67 del expediente). El 27 de junio de 2025, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, declaró inadmisible la presente demanda de NULIDAD DE ACTA DE ASAMBLEA y “NULO el auto de admisión de la demanda dictado por este Tribunal en fecha 26 de Enero de 2022, y todas las actuaciones subsiguientes a los referidos autos” (folios 140 al 148 del expediente). El 14 de julio de 2025, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso ordinario de apelación (folio 150 del expediente). El 2 de marzo de 2026, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, declaró con lugar la apelación del demandante, con fundamento en lo siguiente: “Ahora bien, con el objeto de verificar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, se requiere analizar la pretensión del demandante bajo el prisma de las causales de inadmisibilidad establecidas taxativamente en el artículo 341 eiusdem. A tal efecto, se debe indicar, en principio, que se entiende grosso modo por orden público, al interés general de la sociedad, que sirve de garantía de los derechos particulares y sus relaciones recíprocas. En ese sentido, determina este tribunal superior que la pretensión de los actores no atenta de ningún modo contra el orden público, por lo que, este supuesto no aplica al caso bajo estudio. En cuanto al segundo supuesto de inadmisibilidad referido a que la pretensión atente contra las buenas costumbres, esta alzada observa que del escrito libelar no se evidencia que la pretensión de los demandantes vulnere las reglas tradicionalmente establecidas por la colectividad conforme a la decencia, honestidad y moral, por lo que, este juzgador considera que tampoco es aplicable este supuesto en el presente caso. Por último, en relación al tercer supuesto de inadmisibilidad de la pretensión contenida en la demanda, referido a que ésta contraríe alguna disposición expresa en la ley, esta superioridad observa que no existe en modo alguno una amenaza o quebrantamiento de la normativa legal por parte de la demandante, por el contrario, su pretensión (nulidad de acta de asamblea) se encuentra claramente tutelada en nuestro derecho sustantivo y adjetivo civil. En este específico punto se debe destacar que, en caso que la demanda adolezca de algún defecto o, el poder otorgado por los demandantes sea insuficiente, es carga de los demandados ejercer su defensa en relación a esos aspectos, ya sea oponiendo cuestiones previas o realizando la impugnación expresa del mandato en la primera oportunidad en la que se hacen parte en el juicio, pero el tribunal de la causa no puede, por esos motivos, declarar la inadmisibilidad de la pretensión contenida en la demanda.