Sentencia N° 485 de 2026: recurso de casación en juicio de desalojo

… por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, que acordó medida preventiva de secuestro sobre el local comercial que por desalojo se demanda en el juicio principal. 2.- Folios 9 y 10, pieza 1/1 del expediente. Fecha 8 de abril de 2024. Copia certificada del auto dictado por el a quo que ordena al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Roscio y El Callao del Segundo Circuito de la mencionada Circunscripción Judicial se practique la medida preventiva de secuestro decretada. 3.- Folio 17, pieza 1/1 del expediente. Fecha 16 de abril de 2024. Correspondió para la ejecución de la medida cautelar de secuestro al Tribunal Segundo de Municipio ordinario y ejecutor de medidas de los municipios Roscio y El Callao del Segundo Circuito de la mencionada Circunscripción Judicial por lo que ordenó el traslado y constitución para el día 25 de abril de 2024. 4.- Folios 18 al 27, pieza 1/1 del expediente. Fecha 25 de abril de 2024. El Tribunal de Municipio de la causa celebró la práctica de la medida preventiva de secuestro del local comercial que por desalojo se demanda en el juicio principal. 5.- Folios 59 al 91, pieza 1/1 del expediente. Fecha 6 de mayo de 2024. Se presenta escrito de oposición a la medida cautelar de secuestro con sus anexos, consignada por la representación judicial de la parte demandada. 6.- Folios 93 al 96, pieza 1/1 del expediente. Fecha 14 de mayo de 2024. La representación judicial de la parte demandada ratificó escrito de oposición a la medida cautelar de secuestro. 7.- Folio 99 al 103, pieza 1/1 del expediente. Fecha 21 de mayo de 2024. Escrito de “consideraciones contra el escrito de oposición” consignado por la representación judicial de la parte actora. 8.- Folio 104, pieza 1/1 del expediente. Fecha 23 de mayo de 2024. Escrito de “conclusión oposición” consignado por la representación judicial de la parte demandada. 9.- Folio 110, pieza 1/1 del expediente. Fecha 01 de julio de 2024. Auto de admisión de pruebas dictado por el a quo, que declaró “LAS ADMITE, salvo su apreciación que de la presente incidencia se haga. Así se decide.” 10.- Folios 120 al 131, pieza 1/1 del expediente. Fecha 5 de agosto de 2024. Sentencia Interlocutoria que declaró SIN LUGAR la oposición hecha por la representación judicial de la parte demandada. 11.- Folio 134, pieza 1/1 del expediente. Fecha 8 de agosto de 2024. La representación judicial de la parte demandada apeló de la decisión del a quo de fecha 5 de agosto de 2024. 12.- Folio 142, pieza 1/1 del expediente. Fecha 7 de octubre de 2024. El a quo acordó la apelación en ambos efectos por lo que ordenó la remisión al juzgado superior que corresponda por distribución el conocimiento de la presente causa. 13.- Folio 143, pieza 1/1 del expediente. Fecha 7 de octubre de 2024. Correspondió al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz el conocimiento de la presente apelación. 14.- Folio 145, pieza 1/1 del expediente. Fecha 11 de octubre de 2024. El ad quem ordenó a través de auto el inicio de la presentación de los informes conforme al artículo 43 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y el artículo 879 del Código de Procedimiento Civil. 15.- Folio 146 al 156 pieza 1/1 del expediente. Fecha 25 de octubre de 2024. La representación judicial de la parte demandada consignó escrito de informes. 16.- Folio 157 al 159, pieza 1/1 del expediente. Fecha 25 de octubre de 2024. La representación judicial de la parte actora presentó escrito de informes. 17.- Folio 160, pieza 1/1 del expediente. Fecha 28 de octubre de 2024. El ad quem a través de auto ordenó el inicio del lapso para la presentación de las observaciones a los informes de conformidad con el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil. 18.- Folio 161 al 164, pieza 1/1 del expediente. Fecha 6 de noviembre de 2024. La representación judicial de la parte actora consignó escrito de observaciones a los informes. 19.- Folio 166, pieza 1/1 del expediente. Fecha 6 de diciembre de 2024. El ad quem ordenó “… por encontrarse este Tribunal en la publicación de las sentencias en los expedientes signados con los Nros. 24-7112, 24-7113, 24-7045, 24-7114; todos anteriores a esta causa. En consecuencia, se difiere el acto de dictar sentencia en este juicio por el lapso de treinta (30) días…” 20.- Folio 182 al 193, pieza 1/1 del expediente. Fecha 22 de julio de 2025. Sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario, Marítimo y Aeronáutico del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, de fecha 22 de julio de 2025, que declaró lo que a continuación se transcribe: “…Sentada como ha quedado la controversia, esta Alzada a los fines de decidir sobre la apelación interpuesta, observa lo siguiente: Una medida preventiva de secuestro, se refiere a una acción judicial que busca asegurar la custodia de un bien, ya sea mueble o inmueble, durante un proceso legal cuando se teme que el demandado oculte, enajene o deteriore los bienes, o cuando la posesión de la cosa litigiosa es dudosa. El objetivo principal de esta medida es asegurar que la sentencia que se dicte en el futuro pueda ser ejecutada efectivamente, evitando que el demandado pueda insolentarse o dificultar el cumplimiento de la resolución judicial. Ahora bien, es importante resaltar que para que proceda una medida preventiva de secuestro, es necesario que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la ley. Estos requisitos son: Fumus Boni Iuris, que se refiere a la apariencia de buen derecho, es decir, que exista una base razonable para creer que el solicitante tiene la razón en el asunto principal. Se debe demostrar que existe una alta probabilidad de que el demandante obtenga una sentencia favorable. Periculum in Mora, este requisito implica que existe un riesgo de que la demora en la obtención de la sentencia definitiva pueda causar un daño irreparable al solicitante. En el caso de secuestro, este peligro se manifiesta en la posibilidad de que la cosa objeto del proceso sea sustraída, dañado o que sus frutos se pierdan, impidiendo así la ejecución de la sentencia. Es necesario demostrar que existe un riesgo real y significativo de que, si no se dicta la medida, el fallo que se dicte en el futuro (si fuese a favor de solicitante) no pueda ser ejecutado o se torne ineficaz. Al respecto, es importante traer a colación, dictada en fecha nueve (9) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022) Exp.: Nº AA20-C-2021-000387, por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sentado: (…Omissis…) En este sentido, este Tribunal considera que ciertamente además de los requisitos exigidos en la referida norma, hay que analizar los demás supuestos que debe contener una medida, para ello este juzgador considera necesario mencionar el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: (…). Ahora bien, Con vista a los recaudos consignados y por las razones antes expuestas, observa este juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela efectiva, las medidas cautelares, en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento. En así, que este sentenciador considera propicio traer a colación lo que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de junio de 2005, Exp. AA20-C-2004-000805, establece: (…Omissis…) Es por ello, que para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, condiciones éstas de carácter concurrente, que deben materializarse para que el juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos no da lugar a su decreto. Es decir, que el solicitante de la medida, sea nominada o innominada debe demostrar la presunción de buen derecho, (fumus boni iuris) el cual se configura cuando el juzgador evidencia que el derecho respecto al cual se solicita la protección cautelar tiene apariencia de conformidad a derecho, sin incurrir con ello en un estudio detallado y profundo de lo que constituye el thema decidendum del caso, es decir, se verifica la apariencia favorable del derecho que se alega conculcado; el “Fumus boni iuris” es un requisito clave para la adopción de una medida cautelar, donde el juez evalúa si existen indicios suficientes para considerar que el solicitante tiene razón en su petición, sin prejuzgar el fondo del asunto. Para que un Juez conceda una medida cautelar, no solo debe existir un riesgo de daño si la medida no se adopta (periculum in mora), sino la apariencia de que el derecho reclamado es legítimo. La existencia del fumus boni iuris se determina a través de una evaluación provisional de la situación, donde el juez analiza los indicios presentados por la parte solicitante para determinar si existe una probabilidad razonable de que el derecho invocado sea reconocido. No se trata de un análisis exhaustivo del caso, sino de una valoración preliminar para decir sobre la necesidad de la medida cautelar. El fomus boni iuris es un elemento crucial en la toma de decisiones, especialmente en el contexto de las medidas cautelares, ya que asegura que no se adopten medidas innecesarias o injustificadas, protegiendo así los derechos de ambas partes en el proceso legal. Ahora bien, en referencia a la oportunidad de oposición por sentencia Nº 00011, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), en referencia al artículo 601 del CPC, donde prevé que en aquellos casos en los que el Tribunal hallare suficientes pruebas producidas como soporte de la pretensión cautelar sometida a su conocimiento, “(…) decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución (…)”, estableciéndose así una inmediatez -en términos de tiempo- entre el decreto y la ejecución de la medida, la cual hace suponer que la eventual oposición a esta se verificará, cuando ya probablemente se hubiere ejecutado la misma (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 0856 del 9 de agosto de 2016). Así tenemos, que la figura de la oposición a las medidas cautelares fue concebida -en principio- como un medio de defensa que podrá ejercerse una vez ejecutada la protección cautelar que se hubiere acordado. No obstante, lo anterior, la Sala Constitucional, mediante sentencia Nro. 1310, de fecha 9 de octubre de 2014 al referirse a la declaratoria de inadmisibilidad por extemporánea de la oposición planteada respecto a una medida cautelar que aún no había sido ejecutada, señaló que: (…Omissis…) En el caso del auto recurrido se observa que el Juez de la causa argumenta “(…). De igual forma, pudo observar quien aquí decide, que el Juez de la causa en sus argumentos expone que “(…)” siendo que de la revisión exhaustiva del Acta levantada por el Tribunal Comisionado para practicar la medida, no consta lo alegado por el Juez A-quo. En este sentido, este jurisdicente considera oportuno traer a colación lo que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que dispone: (…Omissis…) En consideración, a todo lo expuesto por el Juez A-quo y en acatamiento al marco doctrinario traído a los autos, este Jurisdicente concluye que no estuvo ajustada a derecho la decisión de fecha 05/08/2024, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO y TRÁNSITO, DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, considerando que no se encontraron cumplidos los extremos exigidos en los artículos 585 y 588 (parágrafo primero) del Código de Procedimiento Civil por lo que este Tribunal debe declarar Con Lugar la apelación ejercida por el abogado RICHARD SIERRA en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, por lo que queda revocada la referida decisión, y en consecuencia, queda sin efecto la medida preventiva de secuestro decretada en fecha 08/04/2024. Y ASÍ SE ESTABLECERÁ EN LA DISPOSITIVA DE ESTE FALLO.