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Resumen
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso extraordinario de casación interpuesto por Carmen Luisa Durán contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, que había declarado inadmisible su demanda por daños y perjuicios. La Sala consideró que el juez de alzada incurrió en el vicio de falsa aplicación de los artículos 94 y 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, al no reconocer el cumplimiento del procedimiento administrativo previo por parte de la demandante. En consecuencia, se casa la sentencia recurrida y se decreta su nulidad absoluta, ordenando la reposición de la causa al estado en que se encontraba el juicio.
Lo que ordenó la Sala
PRIMERO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante recurrente, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en la ciudad de Barquisimeto, en fecha 14 de noviembre de 2025, en consecuencia, en consecuencia, CASA TOTAL la sentencia recurrida y DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA. SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la demandante recurrente contra la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, en fecha 17 de junio de 2025, la cual se REVOCA. TERCERO: Se declara la NULIDAD de todo lo actuado desde el fallo revocado y se REPONE LA CAUSA a la etapa procesal en que se encontraba el juicio para el día 17 de junio de 2025.
El fundamento
Corresponde a esta alzada determinar, si la recurrida en la cual fue declarada inadmisible de manera sobrevenida la pretensión de indemnización de daños materiales y daños morales derivados del contrato de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, está o no ajustado a derecho y para ello ha de verificar si los hechos aducidos por la recurrida están o no probados en autos, y en el primer supuesto, constatar sí la consecuencia procesal es la inadmisibilidad como lo estableció la recurrida, y en base a ello emitir el pronunciamiento sobre el recurso de apelación y sus efectos sobre la recurrida, y así se establece. A los fines precedentemente establecidos se observa, que la recurrida como fundamento de la inadmisibilidad de la demanda adujo: …omissis… De manera, que el texto precedentemente transcrito se determina, que la recurrida inadmitió de manera sobrevenida la demanda, por…
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… considerar que la pretensión de indemnización de daños materiales y morales derivan de un contrato de arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda, debe haberse cumplido el requisito previo administrativo exigido por el artículo 94 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ante el SUNAVI, el cual debe concluir con la resolución respectiva, lo cual no presentó el accionante. Ahora bien la accionante recurrente en informes rendidos ante esta alzada como fundamento de su apelación aduce 1) Que la nulidad de la pretensión de daños y perjuicios de autos, se rige por el procedimiento ordinario, y que además la acumulación de pretensión de desalojo y daños y perjuicios, la Sala de Casación Civil, en sentencia 476 del 21-07-2016 y la Sala Constitucional en decisión 057 del 25-06-2023, establece que no se puede demandar pretensiones de desalojo de local comercial con el pago de una indemnización por el monto total de canones (sic) aducidas; 2) que el artículo 94 de la Ley para la Regularización y Control de Vivienda, no se aplica, ya que la vía del agotamiento administrativo es un requisito únicamente para aquellas acciones legales que conllevan la desposesión del bien arrendado, que la demandante de daños y perjuicios no conlleva a la desposesión del bien, por lo que considera que la inadmisibilidad le lesiona la Garantía Constitucional del acceso a los órganos de administración de Justicia consagrado en el artículo 26 de Nuestra Carta Magna.
Palabras clave
indemnizacióndaños y perjuiciosarrendamientoinadmibilidadprocedimiento administrativocasaciónacceso a la justicia
Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículos 7, 12, 15, 206, 208, 274, 313, 320, 322 y 2 más103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA DE VIVIENDASArtículos 7, 8, 9, 10354 sentencias del TSJ citan esta norma
- LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAArtículos 94, 95, 96375 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de JusticiaArtículos 48, 58, 9915.609 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código CivilArtículo 116723.425 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículo 2699.182 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre casacion civil
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Datos del expediente
Expediente26-028
PonenteEmilio Ramos González
Fecha de la decisión15 de octubre de 2026
Tipo de recursoCasacion Civil
MateriaCivil
Parte actora / solicitanteCarmen Luisa Durán
Parte demandada / contraparteDennys Argelys Montilla Urbina
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.