Sentencia N° 997 de 2026: la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Ezequiel Hernández y Ángel Vargas en representación de Jesús Enrique Valbuena Pereira. La decisión se basa en la falta de fundamentación adecuada de la audiencia preliminar realizada el 18 de agosto de 2025, lo que se considera una violación del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción de amparo, lo que fue objeto de apelación, pero se determinó que el recurso era extemporáneo.

Por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en Sede de Primera instancia Constitucional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve DECLARAR INADMISIBLE, la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ABG. EZEQUIEL HERNANDEZ, I.P.S.A Nº 91.475 y ABG. ANGEL VARGAS, I.P.S.A N° 249.897, actuando en su condición de Defensores Privados del ciudadano JESUS ENRIQUE VALBUENA PEREIRA, titular de la cédula de identidad N° V- 27.826.121, por la presunta violación Constitucional al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por omisión de pronunciamiento, de conformidad con el artículo 1. 2 y 3 de la Ley de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 19, 25. 26. 27. 49 Numerales 1, 2 y 8, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Tribunal de Control N° 10 de este Circuito Judicial Penal.

La falta de fundamentación adecuada en la decisión de la Juez A quo, que permitió avanzar el caso a juicio sin justificación legal clara, configura una violación al principio de motivación judicial consagrado en el artículo 49 de la Constitución venezolana y el artículo 157 del COPP. Esta omisión, al no exponer los criterios fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, genera arbitrariedad procesal que afecta derechos fundamentales como la defensa adecuada y la presunción de inocencia, situación que invalida el acto judicial según jurisprudencia relevante como la Sentencia 2018-00123 de la Magistrada Gómez Moreno. La decisión no motivada no solo obstaculiza la preparación estratégica de las partes en el juicio, sino que expone a la juzgadora a posibles sanciones disciplinarias y recursos legales como nulidad o amparo, tal como lo estableció el TSJ en el Expediente 2019-00456 al reconocer la arbitrariedad como causal de impugnación.