Sentencia N° 1049 de 2026: violación del derecho a la defensa

… la acción de amparo. Se destacó la importancia de garantizar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva en el proceso judicial. Finalmente, se ordenó notificar a los tribunales involucrados y se estableció la competencia de la Sala para conocer de la acción de amparo, declarando la admisibilidad de la misma.

… referido Juez, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. TERCERO: ORDENA al Tribunal Primero (1°) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, tribunal que conoció de la causa principal en primera instancia, notificar a la sociedad Consolidada de Vivienda, C.A. (CONVICA), en la persona de su apoderado judicial, parte demandante en la demanda de nulidad de documento privado de venta; a fin de que concurran a la audiencia constitucional en la oportunidad que sea fijada al efecto. Dicho Juzgado debe dar cuenta de lo antes ordenado de inmediato a esta Sala. CUARTO: ORDENA notificar al representante del Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. QUINTO: ACUERDA la medida cautelar solicitada hasta que se dicte la sentencia de mérito y, en consecuencia, ORDENA LA SUSPENSIÓN de la sentencia dictada el 24 de marzo de 2026, el Tribunal Superior Segundo (2°) en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que es objeto de la presente acción de amparo y cualquier otro acto que de ella derive; en consecuencia, se ORDENA notificar a dicho Tribunal Superior y al Tribunal Primero (1°) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la misma Circunscripción Judicial, tribunal que conoció en primera instancia, la demanda de demanda de nulidad de documento privado de venta que interpuso la sociedad mercantil Consolidada de Vivienda, C.A. (CONVICA) contra los ciudadanos Nolberto Manuel Salas Cedeño (hoy accionante) y Manuel Salvador Montoya Aguilar. SEXTO: ORDENA notificar la suspensión de la sentencia accionada dictada el 24 de marzo de 2026, al Juzgado Superior Segundo (2°) en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y al Juzgado Primero (1°) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la misma Circunscripción Judicial, para que se abstenga de tramitar la ejecución de dicha decisión. SÉPTIMO: ORDENA a la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, recabe y remita la totalidad de las actas procesales identificadas con los números n 19.379 y 16.536, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión, más dos (2) días por el término de la distancia. Las notificaciones ordenadas se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

… inmueble denominado ‘HACIENDA MONTE MAYOR’, ubicado en jurisdicción del Municipio San Diego del estado Carabobo, realizado en fecha Diecinueve (19) de Agosto de 2005; (…) quedó reconocido mediante Sentencia Firme, emanada por el Juzgado del Municipio Nigua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Exp. 2070/06, en fecha 20 de marzo del año 2007 y debidamente Protocolizada ante el Registro Público Inmobiliario de los Municipios Naguanagua y San Diego, del Estado Carabobo, inscrita bajo el N° 16, Folio 169, tomo 35 del Protocolo de transcripción, de fecha 11 de junio del 2012”. Que “…el mencionado Juzgado Primero de Municipio, en fecha once (11) de julio del 2023, dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva y homolog[ó] el Convenimiento presentado por MANUEL SALVADOR MONTOYA AGUILAR y la Sociedad Mercantil CONSOLIDADA DE VIVIENDA C.A. (CONVICA), contra la cual se ejerció oportunamente Recurso de Apelación, este recae ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo del Estado Carabobo, Exp.13.838 , ante el cual, dentro del lapso legal establecido, esta representación consignó el escrito de fundamentación del Recurso, desarrollando los argumentos de hecho y de derecho correspondientes, cuya apelación fue oída en ambas partes y en fecha veintidós (22) de julio de 2024, este Tribunal de Alzada declaró CON LUGAR la apelación ejercida por esta representación judicial, Revocando la sentencia de fecha 11 de julio de 2023 y Ordenando expresamente al Tribunal de Municipio o Tribunal de origen a dictar nueva sentencia atendiendo las consideraciones de la superioridad”. Que “[l]a referida decisión fue oportunamente remitida y recibida por el Juzgado de Municipio competente, quedando dicho órgano jurisdiccional en la obligación de acatar y ejecutar el mandato emanado del Tribunal Superior”. Que “…en fecha nueve (09) de febrero del 2026, (…) se dicta la nueva sentencia en el Exp. 19.379, en dicha decisión y conscientemente se Desacató la Orden del Tribunal Superior, contra la cual esta representación judicial ejerció nueva y oportunamente Recurso de Apelación, este recae ante el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° de Exp.16.536, y es aquí donde se produce el acto lesivo que da origen a la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA”. Que “…en fecha seis (06) de marzo de 2026, el Juzgado Superior fijó el décimo día de despacho siguiente para dictar sentencia, otorgando a las partes el lapso de 10 días de despacho para promover pruebas, conforme al artículo 893 del Código de Procedimiento Civil”. Que “…se desprende de la copia certificada del computo secretarial (…), se evidencia que el décimo día de despacho correspondió al día veinticuatro (24) de marzo de 2026, habiendo transcurrido los días de despacho 9,10,11,12,13,16,17,20,23 y 24 de marzo del 2026, en cumplimiento de dicho lapso, el día veinticuatro (24) de marzo de 2026, (…) esta representación judicial consignó personalmente ante la Secretaría del Tribunal, a las 2:15 p.m., el correspondiente escrito de defensa, constante de treinta y tres (33) folios, en el cual se desarrollaron de manera detallada los alegatos de hecho y de derecho, acompañados de los elementos probatorios pertinentes, todo ello a los fines de garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la defensa”. Que “…ese mismo día, a las 3:20 p.m., (…) de manera sorpresiva e inusitada, sin haberse agotado el lapso de los Diez (10) días, el cual vencía al finalizar el horario de despacho, el Tribunal Superior procedió a dictar sentencia definitiva, declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación, específicamente en un lapso de una (1) hora y cinco (5) minutos posteriores a la consignación del escrito de defensa, sin sustanciación alguna, sin trámite efectivo y sin análisis real de los agravios planteados, lo cual evidencia que la misma fue deliberadamente ignorada por el juzgador, ya que en el texto de mencionado fallo no se hace mención, ni valoración alguna de mi defensa”. Que “…el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Maritimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el Exp.16.536, violo el Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva, que abrigan a mi representado”. Que “…el actuar del Juez del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al decidir el Exp. 16.536 apenas en una (1) hora y cinco (05) minutos después de mi oportuna consignación, constituye una grosera y flagrante violación al Artículo 257 de la CRBV, el cual establece de forma imperativa que 'el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”. Que “…se configuró una 'vía de hecho’ que coloca a mi representado en un estado de indefensión absoluta, ya que el juez al sentenciar 'a espaldas de un escrito debidamente recibido y sellado dentro del lapso legal, el juzgador convirtió el proceso en una trampa procesal, sacrificando el derecho de mi representado a la Justicia y al derecho de ser oído, porque al consignar esta representación judicial el escrito de defensa el día veinticuatro (24) de marzo de 2026 a las 2:15 p.m., y dictar el Tribunal su decisión a las 3:20 p.m. del mismo día, el Juez CARLOS EDUARDO NÚÑEZ GARCÍA jurídicamente 'agredió el lapso legal de defensa, transformando un término procesal de orden público en un 'acto ilusorio', ya que física y jurídicamente es imposible que un juzgador realice el análisis intelectual y jurídico de revisión de alegatos y la debida motivación que exige una sentencia seria y ajustada a derecho, en apenas sesenta y cinco (65) minutos”. Que “…constituye un silencio jurisdiccional absoluto sobre los medios de defensa de mi representado, porque de nada sirve el derecho constitucional, porque de nada sirve el derecho constitucional, si a presentar el escrito de defensa el juzgador decide no leerlo, ni valorarlo o simplemente ignorarlo, lo cual vulnera el núcleo esencial del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso establecido en el articulo 49.1 CRBV, es de saber que los lapsos procesales son de cumplimiento obligatorio para las partes, pero también constituyen un límite intransitable para el Tribunal, quien no puede sentenciar 'a carrera' mientras el derecho de defensa está siendo ejercido”. Que “...se ha vulnerado el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, contemplado en el artículo 26 de la CRB cerrársele a mi representado el acceso a una justicia transparente y exhaustiva. Esta omisión pronunciamiento infringe directamente el Principio de Exhaustividad contemplado en el artículo 24. numerales 4° y 5º del Código de Procedimiento Civil, que obliga al sentenciador a pronunciarse sobre todo alegado y probado en autos, y a su vez quebranta el artículo 15 ejusdem, que impone al juez el deber de mantener la igualdad procesal y preservar el derecho a la defensa como garantía de orden público”. Que “…estamos ante un fallo que no es fruto de la razón jurídica, sino de un acto de fuerza que desnaturaliza la función jurisdiccional, dejando a mi representado desprovisto de toda protección legal frente a la arbitrariedad del juzgador”. Que “…De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicito formalmente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dicte MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS contra la decisión dictada por el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha veinticuatro (24) de marzo de 2026, en el Exp.16.536, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de Amparo Constitucional”.