Sentencia N° 1046 de 2026: acción de amparo constitucional

… años y 4 meses de prisión por el delito de abuso sexual sin penetración. Ahora bien, corresponde así a esta Sala pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, a cuyo efecto se observa que el escrito de amparo sub examine cumple con los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; no obstante en cuanto a las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 6 eiusdem, se observa esta Sala Constitucional lo siguiente: En el caso de autos, por notoriedad judicial se observa en la página web del Tribunal Supremo de Justicia que, el 10 de marzo de 2025, los abogados Edgar Arroyo y Nora Guerrero, actuando en su condición de defensores privados del ciudadano Edgar Alexander Urdaneta, presentaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional, acción de amparo contra la decisión dictada el 20 de junio de 2024, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, mediante la cual declaró “Desestimado por incumplimiento de los requisitos de Ley, recurso de Revisión de Sentencia”, asimismo, la Sala Constitucional en relación con la pretensión planteada por los mencionados abogados, declaró mediante sentencia N° 1033, del 30 de junio de 2025, lo siguiente: “Ahora bien, observa esta Sala Constitucional en el caso sub lite, que los argumentos expuestos por el solicitante reflejan su inconformidad con la sentencia dictada el 2 de octubre de 2023 y publicada el 16 de octubre del mismo año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, específicamente con la valoración de los elementos probatorios a saber, -medicatura forense, pruebas psicológicas, pruebas anticipadas, acusación formal, testimonios de expertos y testigos-, promovidos por la representación fiscal, situación que en su decir, no fue advertida por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua. Los abogados del accionante denunciaron en definitiva la ‘falsa valoración de pruebas’, y como tal dicha pretensión debió haber sido enmarcada a través de un recurso ordinario de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, por cuanto tal y como se dispuso en líneas anteriores no se puede acudir a la revisión de sentencia, prevista en el artículo 462 de la ley adjetiva penal, con la pretensión de modificar o reformar un fallo definitivo sin las causales expresas establecidas en la ley, pues por carácter extraordinario sólo procede ante situaciones muy especiales que en todo caso no mal (sic) pudiere pretenderse el reexamen de las pruebas apreciadas y valoradas para fundar la sentencia condenatoria. Por cuanto por tratarse de un medio impugnativo excepcional capaz de enervar la inmutabilidad de la cosa juzgada, y, por ende, contrariar el principio de seguridad jurídica, el recurso de revisión solo podrá ser interpuesto con fundamento en los supuestos taxativamente previstos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, con prescindencia de cualquier otra razón que el recurrente arguya a su discreción.