Sentencia N° 979 de 2026: recurso de apelación en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por María Virginia Valero Socorro, asistida por su abogada, revisó la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala consideró que la apelación era procedente y que la decisión de inadmisibilidad se basó en un error de interpretación de los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

1. QUE ES COMPETENTE, para conocer el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Virginia Valero Socorro, asistida por la profesional del derecho Yesvel Mirelbis Padua Sequera, ambas identificadas supra, en contra de la decisión dictada, el 5 de marzo de 2026, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró “inadmisible”, la acción de amparo constitucional ejercida en contra del segundo acto de subasta llevado a cabo, el 10 de febrero de 2026, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la referida circunscripción judicial. 2. CON LUGAR el medio de impugnación antes referido; en consecuencia, REVOCA el fallo apelado. 3. ORDENA, a otro tribunal -de la misma jerarquía y jurisdicción que el a quo constitucional-, emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la admisión de la presente acción de amparo constitucional; incluyendo la medida cautelar peticionada por la representación judicial de la parte accionante.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por María Virginia Valero Socorro, asistida por su abogada, revisó la decisión del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala consideró que la apelación era procedente y que la decisión de inadmisibilidad se basó en un error de interpretación de los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.