Sentencia N° 1054 de 2026: recurso de apelación en amparo constitucional

… bajo el expediente identificado con el alfanumérico BP12-X-2026-000016, así como cualquier otra actuación subsiguiente a dichas decisiones, que conduzcan a una materialización del decreto de ejecución emitido en dicho juicio, que pueda dejar ilusoria y de imposible reparación la situación jurídica infringida, la decisión a dictarse en el presente recurso. TERCERO: Se ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, abstenerse de darle cumplimiento a la decisión que decretó la ejecución forzosa en el referido juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales, de fecha 29 de julio de 2026, así como al mandamiento de ejecución que libró en la misma fecha. CUARTO: Se ORDENA al referido juzgado de primera instancia, abstenerse en realizar cualquier actuación procesal que conduzca a la materialización del mandamiento de ejecución forzosa librado contra la accionante-recurrente en el expediente BP12-X-2026-000016, que pueda dejar ilusoria la decisión a dictarse en el presente recurso. QUINTO: Se ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, notificar con carácter de urgencia, al abogado Juan Carlos Rendón Velásquez, en su condición de intimante en el juicio sustanciado en el expediente BP12-X-2026-000016, sobre la suspensión de los efectos jurídicos del mandamiento de ejecución librado el 29 de julio de 2026, así como del decreto de ejecución forzosa de la misma fecha, debiendo dejarse constancia en el expediente original e informarse a esta Sala, sobre las resultas de tal actuación, en el entendido de considerarse absolutamente nula, cualquier actuación que realice o haya realizado el citado abogado, haciendo valer ante cualquier órgano jurisdiccional el mandamiento de ejecución antes referido.

… forzosa, hasta tanto sea dictada sentencia de mérito en el amparo constitucional a que se contrae la tutela constitucional aquí peticionada, (…), ante la inminencia de la práctica de embargo ejecutivo sobre bienes inmuebles o muebles, maquinarias y equipos técnicos especializados para el servicio técnico de la industria petrolera venezolana, propiedad de la intimada recurrente”. Al respecto, es doctrina reiterada de esta Sala que, en garantía del principio constitucional de la doble instancia, el Juez de amparo puede decretar medidas cautelares en segunda instancia, cuando las circunstancias así lo ameriten, ya que, de no dictarse, se podrían ocasionar lesiones irreparables que harían imposible el restablecimiento de la situación jurídica cuya infracción se hubiere denunciado, para el caso de que prospere la tutela constitucional que se invoca (vid. Sentencias 95, del 15 de marzo de 2000, 1182, del 6 de junio de 2002, 28, del 27 de enero de 2003, 2218, del 14 de marzo de 2003, 1206, del 22 de junio de 2004, 269, del 17 de marzo de 2015 y 455, del 19 de septiembre de 2021); entre otras.