Sentencia N° 964 de 2026: la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 7 de octubre de 2026, confirmó la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Rafael Teodoro Orellana y Óscar José Díaz Orellana, en representación de Eliecer Antonio Canelón. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción por incurrir en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, argumentando que el agraviado había optado por recurrir a vías judiciales ordinarias.

1.- COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto el 11 de noviembre de 2025, por los abogados Rafael Teodoro Orellana y Óscar José Díaz Orellana. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA, la decisión dictada el 6 de noviembre de 2025, por la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Centro Occidental, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Rafael Teodoro Orellana y Óscar José Díaz Orellana por incurrir en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La Sala considera que la decisión apelada estuvo ajustada a derecho y fue pronunciada por una corte de apelaciones competente, la cual, en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales y en actuación dentro de los límites de su competencia, pronunció un fallo que, si bien fue contrario a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías constitucionales hoy denunciadas. La parte accionante mostró disconformidad con el proceso que ya culminó en su etapa de juicio y que se encuentra en su fase de ejecución, solicitando que se revisen los criterios que llevaron a la mencionada corte de apelaciones. La Sala reitera que la acción de amparo es un medio extraordinario para restituir la violación de derechos y garantías constitucionales, y no debe ser usado como vía recursiva para presentar inconformidades con decisiones judiciales.