Sentencia N° 961 de 2001: la terminación del procedimiento de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara terminado el procedimiento de amparo constitucional interpuesto por José de Jesús Solórzano contra una omisión del Consejo de la Judicatura. La acción fue admitida y se ordenaron notificaciones, pero el presunto agraviado no compareció a la audiencia fijada. La Sala establece que la falta de comparecencia del agraviado da por terminado el procedimiento, dado que la audiencia constitucional es esencial para el juicio de amparo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO de amparo constitucional intentado por por JOSÉ DE JESÚS SOLÓRZANO, representado por la abogada Yanira Lilibeth Aponte González, contra omisión del suprimido Consejo de la Judicatura, consistente en la no tramitación de una solicitud de jubilación.

Ahora bien, visto que esta Sala ha establecido que la falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, ello en razón de la importancia que reviste la audiencia constitucional, en la cual se plasman las características esenciales del juicio de amparo, como son la oralidad, publicidad, brevedad, gratuidad y ausencia de formalismos, consagrados en el artículo 27 de la Carta Magna (a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, en cuyo caso podrá inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve, conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según los cuales cuando se encuentre involucrado el orden público, el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias); y siendo que del estudio del expediente se ha podido constatar que el acto denunciado no afecta el orden público constitucional, debe declararse por tanto terminado el procedimiento. Así se declara.