Sentencia N° 881 de 2001: acción de amparo constitucional

… ajeno a su naturaleza. Finalmente, la Sala declaró sin lugar la apelación ejercida por las accionantes, confirmando la decisión del Juzgado Superior y resaltando la importancia de la correcta interpretación de los derechos constitucionales en el contexto de las acciones de amparo.

… aspectos probatorios relativos al juicio que por restitución de inmueble dado en comodato fue instaurado contra ellas. Pero, de conformidad con lo antes señalado, ello resulta ajeno a la materia sobre la cual versa la protección constitucional. En segundo lugar, respecto de la afirmación realizada por el a quo, según la cual, el derecho de posesión no está consagrado como derecho constitucional, siendo de ese rango sólo el derecho de propiedad, la Sala considera excesiva dicha declaración. Si bien la violación del derecho de propiedad requiere, por definición, que quien sufra la violación sea propietario del bien jurídico sobre el cual recae la lesión; ello no obsta para que la posesión, en cuanto tenencia de una cosa, o goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre, conforme lo dispone el artículo 771 del Código Civil, sea susceptible de tutela constitucional, pues la enumeración de los derechos amparables no es taxativa, aparte que la protección de la posesión se basa en el interés general en la paz social, que exige que las relaciones de hechos existentes no sean eliminadas arbitrariamente, lo que justifica la salvaguarda de la posesión, incluso sin investigaciones del fundamento jurídico que sirve de base de la relación de posesión (Cf. Emilio Eiranova Encinas, Código Civil Alemán Comentado, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, 1998, p.272). Excluir a priori, por consiguiente, la tutela constitucional de la posesión, aun precaria, no parece congruente con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En todo caso, ello no está planteado en el amparo intentado, pues las accionantes lo que alegan realmente es la comisión de un error judicial por parte del tribunal presuntamente agraviante. De cualquier forma, y si bien resulta correcto señalar que el derecho de propiedad no es violado, debió haberse obviado la afirmación referente a que el derecho de posesión no es un derecho constitucional. En tercer lugar, y por último, considera la Sala errado por parte del a quo el haber entrado a pronunciarse acerca de los alegatos referentes a los errores jurídicos que, en lo referente a la apreciación de pruebas, habría cometido el juez presuntamente agraviante. El propio fallo afirma que la acción de amparo no puede constituir una instancia para plantear nuevamente el problema sobre el cual versa el juicio principal. Congruentemente con ello, debió haber obviado el análisis acerca de las pruebas promovidas en la demanda por restitución de inmueble dado en comodato, interpuesta por la ciudadana Isabelina del Carmen Cruz Romero de Soto contra las accionantes; por cuanto los errores probatorios que hayan podido cometer los tribunales que conocieron de dicha demanda, escapan a la materia de amparo. Si se pudiere, a través del amparo, entrar a analizar el criterio judicial utilizado por los jueces, así como los errores de juzgamiento, el amparo se transformaría en una especie de tercera instancia, lo cual, como ya fue señalado, resulta impertinente y ajeno a su naturaleza. Ello no obsta, por supuesto, para que, la tutela constitucional se extienda a la consideración de las pruebas cuando dicha consideración implique indefensión del accionante, lo cual no es el caso de autos.