Sentencia N° 842 de 2001: admisión de acción de amparo constitucional y suspensión de ejecución de sentencia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por el abogado Héctor Díaz Morales en representación de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio, contra una sentencia del Juzgado Superior que ordenaba la ejecución de una medida de embargo sobre bienes municipales. La Sala consideró que la ejecución de la sentencia podría vulnerar derechos constitucionales, por lo que se acordó la suspensión de dicha ejecución hasta que se decida el fondo de la acción. Se destacó la importancia de proteger los bienes y prerrogativas de los entes públicos en virtud de su función social.

1.- ADMITE la acción de amparo interpuesta por el abogado Héctor Díaz Morales, contra la decisión del 14 de agosto de 2000 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. 2.- Declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada y, en consecuencia, se acuerda la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico del 14 de agosto de 2000 y en consecuencia, de la ejecución ordenada por el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la misma circunscripción Judicial mediante auto del 6 de marzo de 2001, hasta tanto se decida el fondo de la presente acción.

La Sala observa que, en su escrito, el accionante solicitó que se dictara una medida cautelar innominada para la suspensión de los efectos de la sentencia accionada que acarrearía la ejecución de una medida de embargo sobre los bienes de la Alcaldía del Municipio. Al efecto se observa que en sentencia del 24 de marzo de 2000, ratificada el 27 de abril de 2001, quedó asentada la tesis que postula la posibilidad de otorgar medidas cautelares integradas a un proceso de amparo, no obstante “lo breve y célere” del procedimiento. Asimismo, quedó igualmente asentada la tesis según la cual el juez dentro de este tipo de procesos, y dadas las circunstancias particulares del caso, podía prescindir de la exigencia al presunto agraviado de elementos probatorios suficientes para acordar la protección inmediata, pero en tal caso, el juez examinaría los supuestos de hecho aportados y realizaría la ponderación correspondiente a fin de declarar la procedencia de la medida.