Sentencia N° 8 de 2001: acción de amparo constitucional

La ciudadana María Carolina Castellanos interpuso una acción de amparo constitucional contra la negativa de la Registradora Mercantil Primero del Estado Aragua de cumplir con una orden de reenganche dictada por el Inspector del Trabajo. La Sala Constitucional del TSJ se declaró incompetente para conocer de la acción, argumentando que la autoridad que dictó la providencia no está incluida en la enumeración de altas autoridades según la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana MARIA CAROLINA CASTELLANOS, asistida por la abogado Jacqueline Vásquez, contra la omisión o abstención del Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua de cumplir con la orden de reenganche en el cargo de Secretaria Administrativa, contenido en la providencia de fecha 23 de marzo del año 2000, dictada por el Inspector del Trabajo de ese Estado. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay, Estado Aragua, para que conozca de la presente acción de amparo constitucional.

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer en primera instancia de las acciones de amparo constitucional contra actos dictados por las altas autoridades comprendidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra la negativa de la Registradora Mercantil Primera del Estado Aragua de cumplir una orden de reenganche dictada por el Inspector General del Trabajo de ese mismo Estado, autoridad que no está expresamente incluida en la enumeración de la altas autoridades a que hace referencia el artículo 8 eiusdem, motivo por el cual esta Sala resulta incompetente para conocer de la presente acción, y así se decide.