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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por José Ramón Oberto en representación de la Fundación Nacional Vecinal Unica de Transporte Público Colectivo, contra diversas autoridades por la falta de respuesta a sus proyectos de municipalización y solución al transporte público. La Sala, tras analizar la competencia, determinó que no le correspondía conocer la acción debido a que las omisiones provenían de autoridades administrativas de nivel regional y municipal, lo que debía ser tratado por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Finalmente, la Sala se declaró incompetente para conocer de la acción interpuesta y ordenó remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, competente para conocer de la referida acción. La decisión fue firmada el 15 de mayo de 2001 por el magistrado ponente Antonio J. García García y otros magistrados de la Sala Constitucional.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSE RAMON OBERTO, contra los ciudadanos Ramón Alonso Carrizales Rengifo, Presidente de Fontur, Juan Cristóbal Prieto, Asistente Ejecutivo del Ministerio de Planificación y Desarrollo; Gilberto Buenaño, Viceministro de Desarrollo Regional, Gustavo Castro, Asistente Ejecutivo del Viceministro de Desarrollo Regional, Enrique Mendoza, Gobernador del Estado Miranda, Inocencio Figueroa, Presidente del Consejo Legislativo Regional del Estado Miranda, Cándido Rodríguez, Primer Vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Miranda, Oscar Pérez, Diputado al Consejo Legislativo Regional del Estado Miranda, Raúl Salmeron, Alcalde del Municipio…
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… Guaicaipuro, Enrique Noriega, Vicepresidente del Concejo Municipal del Municipio Guaicaipuro , Simón Santeliz, Comisionado de Transporte del Alcalde. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, órgano jurisdiccional competente para conocer de la referida acción.
El fundamento
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso, y al respecto observa que mediante sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso Emery Mata Millán) esta Sala determinó su competencia para conocer, por ser la máxima protectora de la Constitución y garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de 1999, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a los que dicho artículo hace mención, así como los funcionarios que actúen por delegación de los mismos. Asimismo se determinó que corresponde a la misma el conocimiento de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los…
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… Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
Se observa que la presente acción se interpuso contra la abstención de pronunciamiento sobre la solicitud de aprobación de los Proyectos de Municipalización, Democratización y Extensión de Descentralización con Transferencia de Competencias y Facultades a la Comunidad Organizada, en el área de salud pública, del Proyecto de Cambio Socioeconómico y Organización Social y el Proyecto de Solución Definitiva a la Problemática del Transporte Público Colectivo, en el área de transporte, presentado con el objetivo de implementar el sistema de autogestión de las comunidades; omisión proveniente de distintas autoridades entre las cuales se encuentran Viceministros, Gobernadores, Consejos Legislativos, Alcaldes, Concejos Municipales, en virtud de lo cual resulta evidente, siguiendo los criterios de competencia referidos, que el conocimiento de tal acción no corresponde a esta Sala, pues los actos u omisiones que se estiman lesivos no emanan de las autoridades a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual, y con base a los razonamientos expuestos esta Sala se declara incompetente para conocer de la acción interpuesta. Así se decide.
Palabras clave
amparo constitucionalcompetenciatransporte públicomunicipalizaciónderechos ciudadanosomisión de pronunciamientoproyectos sociales
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 7, 839.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículo 33599.182 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
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Datos del expediente
Expediente01-0155
PonenteAntonio J. García García
Fecha de la decisión15 de mayo de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteJose Ramon Oberto
Parte demandada / contraparteRamón Alonso Carrizales Rengifo, Juan Cristóbal Prieto, Gilberto Buenaño, Gustavo Castro, Enrique Mendoza, Inocencio Figueroa, Cándido Rodríguez, Oscar Pérez, Raúl Salmeron, Enrique Noriega, Simón Santeliz
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.