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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por la abogada Milagros Rodríguez en defensa de Rafael Alcántara Van Nathan, contra la decisión del Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal. La Sala declaró su competencia para conocer del caso, considerando que la decisión del Juzgado Trigésimo Octavo de Control era nula por incompetencia. Se admitió la acción de amparo, ordenando notificaciones pertinentes y fijando audiencia oral en un plazo determinado.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MILAGROS RODRÍGUEZ, actuando en su carácter de defensora del ciudadano RAFAEL ALCÁNTARA VAN NATHAN, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de septiembre de 1999, la cual se ADMITE. En consecuencia: 1.- Se ordena la notificación del Presidente o quien haga sus veces del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última de las notificaciones realizadas, la…
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… oportunidad cuando ha de efectuarse la audiencia oral. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito de acción de amparo adjunto a la notificación antes ordenada. 2.- Se ordena la notificación al ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- Se ordena la notificación de la parte accionante, en la persona de la abogada MILAGROS RODRÍGUEZ o del ciudadano RAFAEL ALCÁNTARA VAN NATHAN, de la presente admisión. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
El fundamento
En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación interpuesta por la abogada MILAGROS RODRÍGUEZ, actuando en su carácter de defensora del ciudadano RAFAEL ALCÁNTARA VAN NATHAN, contra la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 24 de mayo de 2000, la cual declaró inadmisible el amparo propuesto por la mencionada abogada. En tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias de 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja), por tratarse de una apelación contra una decisión dictada en un procedimiento de amparo, por un juzgado de primera instancia en funciones de control, esta Sala se declara incompetente para conocer de la apelación planteada. Así se declara. Ahora bien, esta Sala considera…
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… importante resaltar que, para decidir, hay que tener en cuenta el espíritu de justicia que consagró la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y basarse en lo establecido en los artículos 26 y 27 de la mencionada Constitución, que rezan: Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Artículo 27. “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.
Palabras clave
amparohabeas corpusderecho a la defensadebido procesocosa juzgadaincompetencialibertadseguridad personal
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 6, 6.4, 15, 18, 3939.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 26, 27, 4999.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código PenalderogadaArtículo 1083.454 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE 1961derogadaArtículo 603.606 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo
N° 4 · 2002Amparo en apelación→N° 3346 · 2002Acción de amparo interpuesta por INVERSORA 11.967, C.A.→N° 3334 · 2002Amparo constitucional a favor de Agropecuaria La Pastora C.A.→N° 3328 · 2002Conflicto de competencia en demanda de amparo constitucional→N° 3326 · 2002Competencia en demanda de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-2205
PonenteJesús Eduardo Cabrera Romero
Fecha de la decisión27 de abril de 2001
Tipo de recursoAmparo
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteMilagros Rodríguez
Parte demandada / contraparteRafael Alcántara VAN Nathan
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.