Sentencia N° 499 de 2001: acción de amparo contra resolución administrativa

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo interpuesta por Ernesto Alejandro Chirinos Reyes. La acción fue presentada contra una resolución que revocaba la autorización de funcionamiento de la Unidad Educativa Colegio Batalla de La Victoria, alegando violaciones al debido proceso y derechos constitucionales del accionante y los alumnos. La Corte consideró que no se había seguido el procedimiento adecuado para imponer la sanción administrativa.

CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo, la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 12 de mayo de 2000, en la acción de amparo interpuesta por Ernesto Alejandro Chirinos Reyes, en su carácter de propietario de la Unidad Educativa Colegio Batalla de La Victoria, asistido por los abogados Ramón Oropeza y Sixta Arteaga, contra Resolución Administrativa dictada por la Directora de la Zona Educativa del Estado Aragua, del Ministerio de Educación, el 14 de marzo de 2000.

La sentencia consultada declaró con lugar la acción de amparo al considerar que, tal como lo denunció el accionante, había sido infringido el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución vigente, en razón de que el agraviante le aplicó una sanción administrativa sin haber previamente iniciado ni tramitado procedimiento alguno que le permitiera, tanto al accionante como a las otras partes afectadas, esgrimir sus defensas. Conforme a dicha normativa toda actividad desarrollada por la Administración, y especialmente aquella que directamente los afecte, deberá garantizar a los administrados la posibilidad de defenderse y de estar jurídicamente asistidos, para lo cual deberá aplicarse el procedimiento establecido en la ley adjetiva para cada caso, el cual, de conformidad con la previsión constitucional, deberá contemplar tanto la notificación oportuna del interesado como los medios que le permitan ejercer sus defensas y utilizar las vías legalmente establecidas para recurrir del fallo que le sea adverso.