Sentencia N° 490 de 2001: apelación de amparo constitucional

… segunda comunicación enviada por el presunto agraviado, el 6 de agosto de 1996, que fue desconocida por el presunto agraviante, pero cuya autenticidad no fue demostrada por el solicitante del amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 444 y 445 del Código de Procedimiento Civil. Para decidir se observa: Si bien es cierto que la manera en que ha sido establecida en la sentencia la existencia de la caducidad, no ha tenido en cuenta que, en cualquier caso, el término para contar los seis meses del término previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales, debe computarse al día siguiente de aquél en el cual concluya el plazo del que se disponía para contestar la solicitud. También es cierto que no se trata de un ente del Estado, sino de una empresa pública cuya actuación se rige por las mismas reglas de cualquier sociedad de comercio. No existe, por este motivo, una referencia legal que establezca un término en el cual deba pronunciarse respecto de las solicitudes que hagan las empresas o particulares que realicen tratos comerciales con ella. Este aspecto, que no fue tomado en cuenta por la sentencia de la Corte Primera, pone de relieve una perspectiva diferente para el análisis de la solicitud constitucional. La pretensión constitucional se fundamenta en la omisión de pronunciarse, acerca de un reclamo en el que se manifiesta disconformidad con unos débitos realizados, dentro de la relación comercial que sostienen la empresa privada y la empresa pública. Si tomamos en cuenta, que la obligación de responder oportunamente las peticiones que hacen los administrados a la administración pública, es la hipótesis protegida en la Constitución, es obvio, que la omisión de pronunciamiento de una empresa pública, en relación con los reclamos que hace un particular o una empresa privada, por acontecimientos ocurridos dentro de la esfera de sus relaciones comerciales, no es la hipótesis tutelada en la Constitución, y, por ese motivo, no es presupuesto de una acción constitucional para reparar la situación jurídica infringida.