Sentencia N° 380 de 2001: la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisibles las demandas de amparo acumuladas interpuestas por el Banco Latino C.A., la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. La decisión se fundamenta en que la anulación de la sentencia del 25 de agosto de 1999 por parte de la Sala de Casación Penal, que había sido objeto de la presente acción, satisfizo las pretensiones de los demandantes, resultando en la pérdida de interés procesal para continuar con el amparo. La Sala también ordenó la restitución de las medidas cautelares que habían sido levantadas anteriormente.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLES las demandas de amparo acumuladas e intentadas por el BANCO LATINO C.A., sociedad mercantil inscrita, en fecha 17 de febrero de 1950, en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 311, Tomo 1-A, debidamente representada por el abogado José Araujo Parra, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 7.802, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por la abogado Rosa del Valle Rodríguez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.888 y el MINISTERIO PÚBLICO, representado por el Fiscal Cuarto ante las Salas de Casación de este Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal Segundo con competencia nacional.

La decisión mencionada dictada el 13 de junio de 2000 por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que hizo especial énfasis a la Sala de la Corte de Apelaciones en que debía dictar nueva sentencia, en cuanto a que debía resolver la consulta a la que estaba sometida la decisión dictada por el Juez de Primera Instancia en la que absolvía a una serie de acusados, es decir, no sólo anuló el fallo dictado, sino que, además, le hizo la 'advertencia' a la Sala que corresponda que debía emitir pronunciamiento sobre las absolutorias, a las que se refirió la propia Sala N° 10 -en capítulo especial-, al dictar la sentencia que fue recurrida y, posteriormente, anulada por la Sala de Casación Penal.