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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo presentada por José Ramón Cachutt, quien impugnó una decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Miranda. El tribunal de primera instancia había declarado sin lugar la defensa de fondo del demandante y confirmó la ejecución de hipoteca solicitada. La Sala consideró que el Juzgado actuó dentro de su competencia y no incurrió en abuso de autoridad.
Lo que ordenó la Sala
CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, del 24 de octubre de 2000, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por el abogado JOSÉ RAMÓN CACHUTT, conforme a la doctrina de la Sala arriba indicada. Asimismo se declara sin lugar la apelación interpuesta.
El fundamento
Observa esta Sala que, en efecto, la parte accionante se limitó a transcribir una serie de normas legales para fundamentar la pretendida violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, sin hacer una concatenación directa de los hechos presuntamente lesivos con la norma constitucional denunciada como infringida. Así lo expresó esta Sala, mediante sentencia del 31 de mayo de 2000 (Caso: “Inversiones Kingtaurus, C.A”:), según la cual: “(...) a los fines de la procedencia de la acción de amparo es menester la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no solo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también a evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que…
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… escapan al ámbito propio de su jurisdicción. En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías.
Palabras clave
amparoderechos constitucionalesdebido procesoejecución de hipotecacompetenciaabuso de autoridadnormas legales
Leyes y artículos que aplica
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 49, 137, 138, 139, 14099.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 1, 4, 6.5, 3539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- Código de Procedimiento CivilArtículos 657, 658, 662103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica del Consejo de la JudicaturaderogadaArtículos 38.13, 39774 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica del Poder JudicialArtículos 4, 61.709 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo
N° 4 · 2002Amparo en apelación→N° 3346 · 2002Acción de amparo interpuesta por INVERSORA 11.967, C.A.→N° 3334 · 2002Amparo constitucional a favor de Agropecuaria La Pastora C.A.→N° 3328 · 2002Conflicto de competencia en demanda de amparo constitucional→N° 3326 · 2002Competencia en demanda de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-3013
PonenteJosé M. Delgado Ocando
Fecha de la decisión17 de diciembre de 2001
Tipo de recursoAmparo
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteJosé Ramón Cachutt
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.