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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 2678 de 2001: acción de amparo constitucional

17 de diciembre de 2001ConstitucionalAmparoSin lugar
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara, que declaró sin lugar la acción de amparo presentada por la abogada Yoselys Arias de Jiménez en representación de Simón Estrada Vale.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 2678, Exp. 00-3169, 17/12/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara, que declaró sin lugar la acción de amparo presentada por la abogada Yoselys Arias de Jiménez en representación de Simón Estrada Vale. La acción de amparo se fundamentó en la supuesta violación de derechos constitucionales en relación a un contrato de arrendamiento. La Sala determinó que el juzgado inferior no actuó con abuso de autoridad ni extralimitación de funciones, y que las alegaciones del accionante no cumplían con los requisitos necesarios para la procedencia del amparo.

Lo que ordenó la Sala

CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 23 de noviembre de 2000, donde se declaró sin lugar la acción de amparo ejercida por la abogada YOSELYS ÁRIAS DE GIMÉNEZ, actuando como apoderada judicial del ciudadano SIMÓN ESTRADA VALE, quien actúa como Administrador–Gerente de la empresa FANCO’S, S.R.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 30 de octubre de 2000.

El fundamento

La acción de amparo ejercida de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, exige como requisito necesario para su procedencia, que el juzgado que dictó la decisión presuntamente violatoria de derechos constitucionales, haya actuado fuera del ámbito de su competencia, con abuso de poder o extralimitación de funciones. Igualmente, es necesario, que el accionante establezca de manera expresa en qué consistió dicho abuso de poder o extralimitación de funciones, indicando la normativa legal o constitucional en la cual fundamenta su denuncia. Ahora bien, del estudio realizado por esta Sala al expediente, se observó que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a través de su decisión del 30 de octubre de 2000, no actuó ni con abuso de poder ni…
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… extralimitándose en sus funciones; sino que, de conformidad con la normativa legal vigente, declaró sin lugar la apelación ejercida por la empresa FANCO’S, S.R.L. Por otro lado, esta Sala observa que, las denuncias de violaciones de derechos constitucionales realizadas por el accionante, están relacionadas con la valoración que la juez realizó de las pruebas presentadas en el juicio; al respecto, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha manifestado que la valoración que el juez haga de las pruebas y la motivación que haga en su sentencia, no son materia que el juez constitucional pueda o deba conocer, ya que, la parte presuntamente afectada, tiene a su alcance otros medios ordinarios, establecidos en la legislación, para atacar las presuntas violaciones en las que incurra el juez, al motivar su sentencia.
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Datos del expediente
Expediente00-3169
PonenteJesús Eduardo Cabrera Romero
Fecha de la decisión17 de diciembre de 2001
Tipo de recursoAmparo
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteYoselys Árias de Jiménez
Parte demandada / contraparteJuzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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