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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 12 de diciembre de 2001, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Gilda Giamundo en representación de María Isabel Prado. La acción se basaba en la negativa del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de devolver bienes a la accionante, argumentando que la responsabilidad penal es personalísima y que la decisión del juzgado no debía afectar a la demandante. La Sala revocó la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Penal que había declarado con lugar la acción de amparo, señalando que no se verificó la titularidad de los bienes reclamados por la accionante.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1. SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Gilda Giamundo, apoderada judicial de la ciudadana MARIA ISABEL PRADO, contra la decisión del 5 de febrero de 1998, dictada por el entonces Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, de Hacienda y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En consecuencia, REVOCA la decisión del 26 de febrero de 1998, dictada por el extinto Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la referida Circunscripción Judicial, la cual declaró con lugar a la referida acción de amparo. 2. OFÍCIESE al Director de Registros y Notarías del Ministerio del Interior y Justicia, a fin de que se abstenga registrar los…
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… bienes referidos en el presente caso, hasta tanto se dilucide la situación patrimonial de la accionante a través de la jurisdicción civil. 3. OFÍCIESE a la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) y al Ministerio de Hacienda, a los fines legales consiguientes. 4. REMÍTASE copia de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines de que inicie el correspondiente procedimiento para la determinación de las posibles faltas cometidas por el ciudadano Luis Ramírez Noriega, Juez del extinto Juzgado Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.
El fundamento
El asunto sometido a la consideración de esta Sala tiene su origen en la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Gilda Giamundo, apoderada judicial de la ciudadana María Isabel Prado, contra el auto del 5 de febrero de 1998, dictado por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, de Hacienda y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante el cual negó la devolución a la accionante, de bienes que presuntamente le son propios y del cincuenta por ciento (50%) de los bienes que forman parte de la comunidad conyugal que mantuvo con el ciudadano William Antonio Fajardo, alegando de esta manera la violación de su derecho de propiedad. Por su parte, la sentencia consultada declaró con lugar dicha acción de amparo constitucional y ordenó se restableciera a favor de la ciudadana María Isabel Prado “...el pleno…
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… goce y ejercicio del derecho de propiedad sobre el 50% de los bienes de la Sociedad Conyugal que mantuvo con el ciudadano William Antonio Fajardo, así como también el goce de los bienes propios que en forma individual mantenía...”. Ahora bien, esta Sala al igual que la extinta Corte Suprema de Justicia, ha establecido de manera reiterada que para que proceda un amparo constitucional en materia de derecho de propiedad, no debe existir ningún tipo de discusión sobre la titularidad o legalidad de la propiedad; en otros términos, ésta debe ser inobjetable. Así lo dejó sentado la Sala Político-Administrativa de la aludida Corte, en sentencia del 16 de noviembre de 1989, caso: Enrique Luis Fuentes y otro, cuyo contenido acoge la Sala, cuando expresó: “Por lo que se refiere al derecho de propiedad, es lo cierto que para acusar su violación se precisa que el accionante, aunque ello suponga para esta Corte conocer la legalidad del acto recurrido, demuestre, precisamente que ostenta la cualidad de propietario. En efecto, el Juez de amparo debe tener la certidumbre de que quien alega el derecho de propiedad como conculcado es, sin más, el propietario de la cosa, en términos que ello no suponga ningún tipo de discusión sobre la titularidad o legalidad de la propiedad”.
Palabras clave
amparo constitucionalderecho de propiedadcomunidad conyugalresponsabilidad penaldecomiso de bienestitulación de bienesjurisdicción civil
Leyes y artículos que aplica
- Código CivilArtículo 16723.425 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículo 3539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 3026 · 2002Improcedencia de acción de amparo constitucional→N° 3027 · 2002Acción de amparo constitucional interpuesta por María Masuzzo de Paterno→N° 3348 · 2002Homologación del desistimiento de acción de amparo constitucional→N° 3349 · 2002Admisión de acción de amparo constitucional→N° 3352 · 2002Acción de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-0230
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión12 de diciembre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteGilda Giamundo
Parte demandada / contraparteMaria Isabel Prado
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.