Sentencia N° 2625 de 2001: oferta real de pago

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Enrique Morillo Avendaño, declaró parcialmente con lugar la solicitud. La decisión impugnada había declarado la nulidad absoluta del proceso de oferta real de pago y depósito, argumentando vicios de inconstitucionalidad. La Sala determinó que el tribunal que conoció del caso no era competente, ya que la legislación establece que cualquier juez territorial del lugar convenido para el pago es competente para conocer del procedimiento de oferta real.

1) Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Rafael Suárez Medina, apoderado judicial del ciudadano CARLOS ENRIQUE MORILLO AVENDAÑO, contra la sentencia dictada el 31 de mayo de 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2) REPONE la causa, hasta el momento en que el Juzgado Cuarto de Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, declinó su competencia en el Juzgado de Primera Instancia. 3) ORDENA al Juzgado que se encuentre en conocimiento de la causa principal, que remita el expediente al referido Juzgado Cuarto de Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual deberá continuar conociendo del proceso de oferta real que dio lugar al presente amparo. 4) ORDENA remitir copia certificada del presente fallo al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien velará por el debido cumplimiento de los trámites necesarios para que el mencionado Juzgado de Municipios Urbanos continúe conociendo de la causa principal.

Observa la Sala que el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, con relación al procedimiento para la práctica de la oferta real, dispone textualmente que “la oferta se hará por intermedio de cualquier Juez territorial del lugar convenido para el pago y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, en el domicilio o residencia del acreedor o en el lugar escogido para la ejecución del contrato (omissis)”. De este modo, la Sala considera que es claro que la legislación adjetiva aplicable, señala como Juez competente para conocer del procedimiento de oferta real a cualquier Juez territorial del lugar convenido para el pago y, cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, en el domicilio o residencia del acreedor o en el lugar escogido para la ejecución del contrato. A juicio de esta Sala, la referida disposición contiene una norma que deroga las…