Sentencia N° 2378 de 2001: declinatoria de competencia en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de amparo constitucional interpuesta por René José Davaus Barreto contra las actuaciones de varios juzgados en el Estado Aragua. El Juzgado Superior en lo Civil declinó su competencia, argumentando que la acción se orientaba hacia la legitimidad de los nombramientos de los jueces. La Sala Constitucional, tras analizar el caso, determinó que el Juzgado Superior era el órgano competente para conocer de la acción de amparo y, por lo tanto, no aceptó la declinatoria de competencia.

PRIMERO: NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RENE JOSE DAVAUS BARRETO contra las actuaciones de los Juzgados Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial. SEGUNDO: ORDENA la remisión del expediente, al Juzgado de origen a fin de que emita su pronunciamiento.

La referida declinatoria de competencia se fundamentó en la norma contenida en el artículo 42, numeral 12 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que le atribuye a este Alto Tribunal de la República la competencia para declarar la nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de órganos del Estado de igual jerarquía en el ámbito nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual le atribuye, conocer, en única instancia de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.