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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, se pronunció sobre la apelación interpuesta por la Juez María Amanda Pérez de Motabán contra la decisión de la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones, que había declarado con lugar la acción de amparo presentada por Oswaldo José Domínguez Florido. La Sala consideró que la Corte de Apelaciones carecía de competencia para decidir sobre la tutela constitucional solicitada, lo que llevó a revocar la decisión impugnada y a remitir el expediente a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo para su conocimiento.
La Sala destacó que la acción de amparo fue incoada debido a la imposición de una multa al Fiscal Quincuagésimo Sexto del Ministerio Público, la cual fue considerada como una violación al derecho al debido proceso y a la defensa. La decisión de la Sala Constitucional…
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… establece la importancia de la competencia en el conocimiento de acciones de amparo y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos ante actos administrativos.
Finalmente, se acordó mantener una medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción impuesta al ciudadano Oswaldo José Domínguez Florido hasta que la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo emita su pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la abogada María Amanda Pérez de Motabán, en su carácter de Juez del Juzgado Vigésimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión proveída el 5 de abril de 2000, por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia: 1º) Se REVOCA la decisión que declaró con lugar la tutela constitucional interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano Oswaldo José Domínguez Florido, dada la incompetencia de la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 2º) Se ORDENA a la Secretaría…
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… de la Sala, remitir el expediente contentivo de la presente causa a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, para que asuma el conocimiento de la misma. 3º) Se ACUERDA medida cautelar innominada de suspensión de ejecución de la sanción impuesta al ciudadano Oswaldo José Domínguez Florido, por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, hasta tanto la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo emita su pronunciamiento respectivo, ya sea sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción. Así se declara.
El fundamento
El accionante alegó en su escrito, como primer punto, la amenaza de violación de su derecho a la libertad personal y, en segundo lugar, adujo una violación al debido proceso y a la defensa. Observa esta Sala, que en el caso bajo análisis la amenaza de conculcación del derecho fundamental a la libertad era una derivación de la infracción a la garantía del debido proceso, circunstancia que ameritaba ocuparse de la violación de la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa, pues con ello se impedía la materialización de la intimidación del derecho a la libertad.
La Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no realizó el pronunciamiento expreso sobre su competencia para asumir el conocimiento de la causa, por lo que esta Sala no puede entrar a analizar los motivos que le llevaron a tramitar la acción de amparo. No…
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… obstante, la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa son considerados por la doctrina derechos “neutros”, por lo que la competencia para conocer de la violación de éstos podría corresponder a cualquiera de los órganos jurisdiccionales, ya que dependería de la naturaleza del proceso de cada caso.
Ante la situación de duda sobre cuál es el tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo, se hace necesario acudir al primer aparte del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece que en tal caso, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. En consecuencia, esta Sala pasa a analizar el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales, es decir, la imposición de multa dictada por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Palabras clave
amparoderecho a la libertaddebido procesodefensaCorte de Apelacionessanciónincompetenciatutela constitucional
Leyes y artículos que aplica
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 44, 4999.182 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 7, 2339.576 sentencias del TSJ citan esta norma
- Ley Orgánica del Poder JudicialArtículo 931.709 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 3026 · 2002Improcedencia de acción de amparo constitucional→N° 3027 · 2002Acción de amparo constitucional interpuesta por María Masuzzo de Paterno→N° 3348 · 2002Homologación del desistimiento de acción de amparo constitucional→N° 3349 · 2002Admisión de acción de amparo constitucional→N° 3352 · 2002Acción de amparo constitucional→
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Datos del expediente
Expediente00-1321
PonenteJosé M. Delgado Ocando
Fecha de la decisión23 de noviembre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteOswaldo José Domínguez Florido
Parte demandada / contraparteMaría Amanda Pérez de Motabán
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.