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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 2321 de 2001: amparo constitucional en materia de protección del niño

16 de noviembre de 2001ConstitucionalAmparo Constitucional
Qué decidió, en una frase

La ciudadana María Tomasa Sequera interpuso un amparo constitucional contra la decisión de la Juez n° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, quien no dio curso a su solicitud de autorización para la venta de un vehículo.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 2321, Exp. 01-2032, 16/11/2001

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Resumen

La ciudadana María Tomasa Sequera interpuso un amparo constitucional contra la decisión de la Juez n° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, quien no dio curso a su solicitud de autorización para la venta de un vehículo. El Juzgado de Juicio n° 1 declaró inadmisible la pretensión, lo que llevó a la apelación y posterior consulta al Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional, tras analizar el caso, concluyó que la decisión del juez de primera instancia fue legítima y no hubo abuso de poder ni usurpación de funciones.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, aunque por otras razones, la sentencia objeto de la consulta que dictó el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara, el 31 de agosto de 2001 y declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana MARÍA TOMASA SEQUERA contra la Sala de Juicio n° 2 de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

El fundamento

Ha señalado la jurisprudencia de esta Sala que, para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, deben concurrir las siguientes circunstancias; a saber: a) que el Juez, de quien emanó el acto presuntamente lesivo, haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal abuso de poder ocasione la violación de un derecho constitucional, lo que implica que no es recurrible en amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y c) que todos los mecanismos procesales existentes, resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación. Mediante el establecimiento de los mencionados extremos de procedencia, se ha pretendido evitar que sean impuestas solicitudes de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la…
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… decisión definitivamente firme; y, por otra parte, repeler los intentos para que la vía del amparo se convierta en sustituta de los demás mecanismos procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes. En el caso planteado, observa esta Sala que el demandante adujo que la Sala n° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara violó el derecho de su representada de acceso a la justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República. En este sentido, y vistos los alegatos presentados por el actor, se observa que lo que se pretende con el amparo es reemplazar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, para otorgar autorizaciones a los padres, a la que está sujeta su representada en su condición de representante de sus menores hijos Rafael Esteban y María Faviola Rodríguez Sequera. Observa esta Sala que la decisión que se impugnó en amparo fue dictada por un juzgado de primera instancia con competencia en materia de menores que, haciendo uso de sus potestades jurisdiccionales, se pronunció respecto de un pedimento efectuado y solicitó –visto que se encontraban en vacaciones judiciales- jurara la urgencia del caso, como lo establece el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. De lo anterior se deriva que el juzgado a quo actuó en ejercicio legítimo de sus atribuciones legalmente conferidas y, en consecuencia, no existió, por parte del juez denunciado, abuso de poder ni usurpación o extralimitación de funciones. Así se declara.
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Datos del expediente
Expediente01-2032
PonentePedro Rafael Rondón Haaz
Fecha de la decisión16 de noviembre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteMaría Tomasa Sequera
Parte demandada / contraparteSala de Juicio n° 2 de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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