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Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Sala Nº 4 de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados de Jorge Beltrán Vargas. La inadmisibilidad se fundamenta en la imposibilidad de notificar a los apoderados judiciales del accionante, a pesar de que se habían agotado los mecanismos judiciales para ello. La Sala Constitucional determina que la notificación telefónica realizada a uno de los apoderados fue válida y que el plazo para la consignación de los recaudos no fue cumplido.
Lo que ordenó la Sala
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, por distintos motivos, la sentencia del 21 de marzo de 2001, dictada por la Sala Nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaro inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Juan Alberto Crisóstomo Suazo y Ciro José Cella Meza, presuntos apoderados judiciales del ciudadano JORGE BELTRÁN VARGAS, contra una omisión de pronunciamiento proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del referido Circuito Judicial Penal.
El fundamento
Constata esta Sala, que en el fallo sometido a consulta, el referido Juzgado Superior declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con el articulo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, luego de determinar que le había sido imposible la localización de los apoderados del accionante, habiendo agotado para ello todos los mecanismos judiciales a fin de practicar la notificación de los mismos. Pero es el caso, que en el folio ochenta y seis (86) del presente expediente, cursa diligencia de fecha trece (13) de febrero de 2001, consignada por la Sala Nº 4 de la referida Corte de Apelaciones, mediante la cual la Secretaria de ese Juzgado dejo constancia de que “se recibió llamada telefónica de parte del abogado JUAN ALBERTO CRISÓSTOMO SUAZO, quien fue impuesto del contenido de la boleta de notificación vía telefónica, informándole…
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… que a partir de este momento comenzara a transcurrir el lapso de 48 horas concedido para consignar los recaudos ofrecidos en su escrito de solicitud de amparo...”. Por lo tanto, la Sala Nº 4 de la referida Corte de Apelaciones, contrario a lo expresado por ella en la sentencia consultada, sí logró la notificación de uno de los presuntos apoderados judiciales del accionante por comunicación telefónica, mecanismo éste considerado idóneo para practicar las notificaciones en materia de amparo, según lo establecido en la sentencia de esta Sala Constitucional del 1º de febrero de 2000, caso: Jose Amando Mejia.
Palabras clave
amparo constitucionalinadmisibilidadnotificaciónderechos de propiedadrecaudosjuzgadoacción de amparo
Leyes y artículos que aplica
- Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías ConstitucionalesArtículos 19, 3539.576 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre amparo constitucional
N° 3026 · 2002Improcedencia de acción de amparo constitucional→N° 3027 · 2002Acción de amparo constitucional interpuesta por María Masuzzo de Paterno→N° 3348 · 2002Homologación del desistimiento de acción de amparo constitucional→N° 3349 · 2002Admisión de acción de amparo constitucional→N° 3352 · 2002Acción de amparo constitucional→
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Un criterio puede haber sido matizado por decisiones posteriores. El asistente revisa las 181.157 sentencias de la base y te dice si sigue firme, con las citas exactas.
Datos del expediente
Expediente01-0626
PonenteIván Rincón Urdaneta
Fecha de la decisión30 de octubre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteJorge Beltrán Vargas
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.