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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 2007 de 2001: inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

23 de octubre de 2001ConstitucionalAmparo ConstitucionalInadmisible
Qué decidió, en una frase

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Dora Osorio de Martínez en representación de Rachid Iskandar Martínez.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 2007, Exp. 00-0203, 23/10/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Dora Osorio de Martínez en representación de Rachid Iskandar Martínez. La acción fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, argumentando que el auto impugnado era apelable y que existían medios procesales ordinarios para obtener los mismos efectos que el amparo solicitado. La Sala Constitucional, al analizar el caso, determinó que el Juzgado a quo actuó correctamente al declarar inadmisible la acción, dado que la solicitud de amparo no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, se hizo un llamado a la abogada demandante por la confusión y falta de claridad en su escrito, lo que llevó a…
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… la inadmisibilidad de la acción. Finalmente, la Sala revocó la decisión del Juzgado Superior y declaró inadmisible la solicitud de amparo, ordenando el archivo del expediente y remitiendo copias al Colegio de Abogados del Estado Carabobo para evaluar la conducta de la abogada.

Lo que ordenó la Sala

Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 18 de junio de 1999; y declara INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional ejercida por la abogada Dora Osorio de Martínez, en representación del ciudadano RACHID ISKANDAR MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº 7.279.713. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a los fines de que ordene el archivo del presente expediente. Se comisiona al Presidente del prenombrado Circuito Judicial Penal para que expida y remita copias certificadas del escrito de amparo, de su posterior corrección y de la presente sentencia al Colegio de Abogados del Estado Carabobo, con el objeto de que dicha Institución determine la procedencia o no de un procedimiento disciplinario en contra de la abogada Dora Osorio de Martínez, identificada ut supra.

El fundamento

En el confuso escrito contentivo de la acción, así como de la «corrección» efectuada sobre el mismo, según órdenes del Juzgado a quo, la abogada Dora Osorio de Martínez, planteó pretensión de amparo constitucional a favor de su defendido, sobre la base de los siguientes argumentos: 1. Que, el Tribunal Décimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ante el cual cursaba una averiguación penal por estafa seguida contra el accionante, ordenó la apertura de una articulación probatoria como cuestión prejudicial, con el objeto de determinar cuál de las partes –denunciantes o denunciado- era titular del derecho de propiedad sobre los equipos que constituyen el cuerpo del delito. Expone a su vez que en la referida articulación fueron vulnerados sus derechos, pues los testigos promovidos por el presunto agraviado no habían sido llamados a declarar. 2. Que, el tribunal a quo…
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… ordenó una inspección ocular y posterior entrega de los equipos que constituían el cuerpo del delito, lo que implica –a juicio del accionante- una mala interpretación del artículo 143 de Código de Enjuiciamiento Criminal. 3. Que, los mencionados equipos se encontraban a disposición de los denunciantes, quienes están usufructuando los mismos «produciendo el dinero y la liquides (sic) con que pagan los abogados y demás diligencias en mi contra», lo que significa una grave lesión al patrimonio del accionante. 4. Que, el presunto agraviado solicitó al tribunal de la causa el beneficio de sometimiento a juicio previsto en la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, el cual no fue otorgado a pesar de estar cubiertos los supuestos de procedencia del mismo, establecidos en la referida ley. 5. Que, ante las presuntas violaciones cometidas por la Juez Temporal a cargo del tribunal a quo, el accionante interpuso escrito de recusación, el cual fue declarado sin lugar, reasumiendo la mencionada Juez el conocimiento de la causa. Ante tal circunstancia, “... y por no perder el aliento le solicitamos el beneficio, la que luego de pedirnos los recaudos exigidos por la ley, decide otorgarlo al tercer día”, aunque fue revocado posteriormente por la misma, quien además se inhibió del conocimiento de la causa. 6. Que, una vez redistribuida la causa, correspondió el conocimiento de la misma al Tribunal Quinto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien decidió reponer el beneficio y notificar al Fiscal del Ministerio Público para escuchar su opinión. Narró la apoderada actora que, la Juez a cargo del mencionado tribunal, se inhibió del conocimiento de la causa por haber adelantado opinión, en virtud de lo cual, nuevamente, la causa pasó a distribución. 7. Posteriormente, correspondió el estudio de las actas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la misma circunscripción, ante el cual se introdujo un escrito solicitando la reposición de la causa al estado de otorgar el beneficio, pero el mismo la otorgó al estado de dictar auto de detención, alegando una supuesta falta de cualidad del abogado que interpuso el mismo. 8. Que, contra la anterior decisión, los apoderados judiciales del accionante interpusieron recurso de apelación «y hasta el momento no se ha obtenido respuesta, ni pronunciamiento alguno, a pesar de las reiteradas visitas y diligencias que hasta hoy se realizan por ante este tribunal». 9. Que, los apoderados del hoy accionante solicitaron una audiencia ante el Juez de la causa, quien les señaló que para poder otorgar el beneficio el presunto agraviado debía ponerse a derecho, lo cual -según adujo la apoderada actora- es contrario a la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, que dispone que el beneficio puede otorgarse estando o no detenido, y que tal beneficio no es facultativo del Juez, sino un mandato expreso del legislador.
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Datos del expediente
Expediente00-0203
PonenteJesús Eduardo Cabrera Romero
Fecha de la decisión23 de octubre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteDora Osorio de Martínez
Parte demandada / contraparteRachid Iskandar Martínez
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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