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Sala Constitucional · Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia N° 1996 de 2001: declinatoria de competencia en demanda de amparo constitucional

17 de octubre de 2001ConstitucionalAmparo ConstitucionalNo acepta la declinatoria de competencia
Qué decidió, en una frase

A. A.

Cita oficial: TSJ/SC, Sent. N° 1996, Exp. 00-1022, 17/10/2001

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Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia realizada por la Sala Político-Administrativa en relación a una demanda de amparo constitucional interpuesta por Transgar Agentes Aduanales, C.A. contra Puertos del Litoral Central, P.L.C., S.A. La Sala declaró su incompetencia para conocer del caso, argumentando que la controversia debía ser examinada por la jurisdicción civil ordinaria, dado que los derechos denunciados eran compatibles con esta jurisdicción. La Sala reitera el criterio establecido en una sentencia anterior, donde se aclara que las partes involucradas en los convenios de uso de instalaciones portuarias son sociedades mercantiles de derecho privado, y que la naturaleza empresarial de Puertos del Litoral Central, P.L.C., no la convierte en un órgano de la Administración Pública. Por lo tanto, la Sala Constitucional…
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… no acepta la declinatoria de competencia y remite el caso a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Finalmente, se ordena la publicación, registro y remisión del expediente al tribunal correspondiente, concluyendo así el proceso.

Lo que ordenó la Sala

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que : 1. NO ACEPTA la declinatoria de competencia realizada el 29 de febrero de 2000 por la Sala Político-Administrativa. 2. El Tribunal competente para conocer de la demanda de amparo constitucional ejercida el 22 de abril de 1999 por Transgar Agentes Aduanales, C.A., contra Puertos del Litoral Central, P.L.C., S.A., es un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, al cual deberán remitirse los autos, por órgano del correspondiente Tribunal distribuidor. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal distribuidor.

El fundamento

La Sala Político-Administrativa declinó la competencia para conocer de la presente causa el 29 de febrero de 2000, en virtud de que el caso de autos versa sobre una demanda de amparo constitucional autónomo y la competencia para conocer de dichas demandas corresponde a esta Sala Constitucional. De autos se desprende que Transgar Agentes Aduanales, C.A., interpuso demanda de amparo constitucional contra Puertos del Litoral Central, P.L.C, S.A., con fundamento en que la sociedad mercantil agraviante rescindió unilateralmente el contrato de uso de las instalaciones portuarias que los unía y amenazó con desalojar de las instalaciones que ocupa Transgar Agentes Aduanales, C.A., en el Puerto de La Guaria. En sentencia dictada el 24 de enero de 2001, (caso Corporación P.G., S.A. y otros contra Puertos del Litoral Central, P.L.C, S.A.) esta Sala Constitucional estableció lo siguiente: "En este…
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… sentido, las partes que conforman los diferentes convenios de autorización de uso son, por un lado, varias empresas mercantiles debidamente registradas ante las autoridades competentes, cuya función primordial es el almacenamiento y distribución de las mercancías que arriban al puerto; y por el otro, la empresa Puertos del Litoral Central P.L.C., C.A. (sic) Al respecto es menester señalar que, el Instituto antes mencionado, era un organismo oficial autónomo que fue creado mediante la ‘Ley que crea el Consejo Nacional de Puertos y el Instituto Nacional de Puertos’ de fecha 16 de diciembre de 1975. Posteriormente, dicho organismo se transformó en la empresa Puertos del Litoral Central P.L.C., entidad que tiene el carácter de Sociedad Anónima y está debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de febrero de 1992, anotada bajo el Nº 5, Tomo 90-A Sgdo. Por lo tanto, aun cuando el Estado Venezolano sea un accionista de la mencionada compañía anónima, la misma no puede ser considerada como un órgano de la Administración Pública. Antes por el contrario, su naturaleza empresarial la coloca en un régimen de derecho privado aun cuando cumpla alguno de los fines del Estado. Así las cosas, las partes que forman los convenios in commento tienen el carácter de sociedades mercantiles, de derecho privado. Por otra parte, los derechos denunciados – defensa y debido proceso- son compatibles en el contexto de la acción ejercida con la jurisdicción de derecho común; y por ende, la controversia debe ser examinada por la jurisdicción civil ordinaria, por ser ésta afín con los derechos denunciados como conculcados, y así se declara."
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Palabras clave

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Datos del expediente
Expediente00-1022
PonentePedro Rafael Rondón Haaz
Fecha de la decisión17 de octubre de 2001
Tipo de recursoAmparo Constitucional
MateriaConstitucional
Parte actora / solicitanteTransgar Agentes Aduanales, C.A.
Parte demandada / contrapartePuertos del Litoral Central, P.L.C., S.A.
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.
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