Sentencia N° 1960 de 2001: la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 16 de octubre de 2001, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Carlos Morales Sueque y Said Vecchionacce Iglesias contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto. La Sala argumentó que la acción de amparo no puede ser utilizada para crear nuevas situaciones jurídicas, sino para restablecer derechos vulnerados. En este caso, se consideró que la decisión del Juzgado de Primera Instancia había sido correcta al convocar una Asamblea Extraordinaria de Copropietarios, y que la acción de amparo no cumplía con los requisitos necesarios para su admisión.

1. Declara NO HA LUGAR, la apelación ejercida por los ciudadanos Carlos Morales Sueque y Said Vecchionacce Iglesias, representados por la abogada Magally Ríos Acevedo, así como por los terceros coadyuvantes, en contra de la sentencia dictada el 4 de agosto de 2000, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 2. REVOCA la decisión dictada el 4 de agosto de 2000, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta. 3. Con fundamento en la potestad de revisión que posee esta Sala, se ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir el expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo.

La Sala estima que la acción de amparo constitucional está destinada a restablecer situaciones jurídicas, esto quiere decir, respecto a violaciones de orden constitucional en determinada situación, la cual es infringida, se restablece mediante esta vía, al estado anterior al que produjo la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Es así, como la acción de amparo no puede, ni debe, ejercerse para que el juez constitucional cree situaciones jurídicas nuevas, en vez de reestablecerla, y por tanto, toda acción que esté dirigida a esos fines, debe ser desechada de inmediato.