Sentencia N° 1959 de 2001: acción de amparo contra medida de secuestro

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre una acción de amparo interpuesta por Elio Humberto Jiménez contra una decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia que denegó el levantamiento de una medida de secuestro sobre un vehículo. La Sala consideró que no se verificó violación del derecho a la defensa ni del debido proceso, ya que el accionante no demostró la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien en cuestión. La decisión del tribunal inferior fue confirmada.

CONFIRMA en los términos expresados en el presente fallo, la sentencia publicada el 7 de noviembre de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la acción de amparo intentada el 31 de octubre de 2000, por Elio Humberto Jiménez, asistido por el abogado Claudio Zamora Fernández, contra decisión dictada el 11 de octubre de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el expediente N° 4.117, en la nomenclatura del tribunal que declaró sin lugar dicha demanda.

La presente acción de amparo fue ejercida contra una decisión judicial mediante la cual se negó al accionante acordarle su solicitud de levantamiento de una medida de secuestro recaída sobre un bien que adquirió, pero sobre el cual está siendo discutida la titularidad de los derechos de propiedad como consecuencia de una demanda interpuesta por uno de sus anteriores propietarios contra su copropietario, por la supuesta venta fraudulenta de dicho bien. La sentencia consultada declaró improcedente la presente acción de amparo al considerar el sentenciador que no produjo el acto accionado violación alguna del derecho a la defensa, ni del derecho al debido proceso en la situación jurídica del accionante, toda vez que en el caso específico de los hechos que según él mismo afirmó lo afectaron, la vía adecuada para la defensa de sus derechos es la tercería de la cual efectivamente hizo uso. Consideró también el sentenciador que el accionante no probó la titularidad del derecho de propiedad que adujo infringido.