Sentencia N° 1873 de 2001: la inadmisibilidad de amparo constitucional

… con el mecanismo procesal previsto por la ley para resolver el asunto (ejem: recurso de hecho contra negativa de oír apelación) e, incluso, después de interpuesto aquél (caso de apelación oída en un solo efecto), porque el amparo sólo persigue la suspensión de los efectos del acto cuestionado, como medida de protección provisional del derecho que se alega violado o amenazado, mientras se juzga en forma definitiva sobre el acto recurrido; pero en todos los casos será condición necesaria para su procedencia la demostración del riesgo de irreparabilidad de la violación constitucional, por la sentencia de fondo. La decisión que en este sentido se dicte será revisable, bien por apelación o por consulta, de conformidad con las previsiones del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.” (s. SCC-CSJ nº 288 del 09.10.97) Por tanto, corresponde a esta Sala determinar si, contra la decisión impugnada, podía interponerse recurso de apelación, y si dicho recurso fue ejercido. En primer término la Sala aprecia que la demandante, en su carácter de Vicepresidenta de Constructora Romariza, C.A., fue denunciada mediante el procedimiento de jurisdicción voluntaria regulado en el artículo 291 del Código de Comercio. Con dicho procedimiento se persigue que, de existir indicios de irregularidades y si así lo declarase el tribunal, se convoque a la Asamblea de Accionistas. Contra esa decisión definitiva, bien en sentido positivo o negativo, el Artículo 291 del Código de Comercio prevé apelación en un solo efecto: “Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia de los comisarios, un número de socios que represente la quinta parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando debidamente el carácter con que proceden. El Tribunal, si encontrare comprobada la urgencia de proveer antes de que se reúna la asamblea, podrá ordenar, luego de oídos los administradores y comisarios, la inspección de los libros de la compañía, nombrando a este efecto, a costa de los reclamantes, uno o más comisarios, y determinando la caución que aquellos han de prestar por los gastos que se originen de tales diligencias. El informe de los comisarios se consignará en la Secretaría del Tribunal. Cuando no resulte ningún indicio de la verdad de las denuncias, así lo declarará el Tribunal, con lo cual terminará el procedimiento. En caso contrario, acordará la convocatoria inmediata de la asamblea. Contra estas providencias no se oirá apelación sino en un solo efecto.” En segundo término, se aprecia que la presunta agraviante no interpuso el recurso de apelación que prevé el artículo 291 citado, porque, en su criterio, “...no podía ejercer la apelación en un proceso en el cual no ha sido citada para contestar...”. Esta Sala considera errada dicha apreciación, ya que la supuesta ausencia de notificación no le impedía apelar, pues, citada o no, en su carácter de denunciada, estaba legitimada para apelar, de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil: “...tendrán derecho a apelar de la sentencia definitiva, no solo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.” La demandante resultó evidentemente perjudicada con la decisión, por cuanto en ella el Juez estableció que “...ciertamente hubo en el desempeño por parte de los denunciados ciertas irregularidades en el ejercicio de sus funciones...” Además, se aprecia que la demandante, no sólo estaba legitimada, sino que pudo apelar de la decisión antes de que precluyera el lapso: interpuso amparo sobrevenido contra la resolución del 29 de febrero de 2000, en un día que del contenido de autos no se pudo determinar pero que, obviamente, fue previo al 8 de marzo de 2000, oportunidad cuando se decidió dicho amparo y que constituía el 4º día hábil siguiente a aquél cuando se pronunció la decisión impugnada. Lo anterior deja en evidencia que la hoy demandante tuvo conocimiento de lo resuelto en tiempo hábil para recurrir en apelación y no lo hizo.