Sentencia N° 1843 de 2001: acción de amparo constitucional

… con el ciudadano Rafael Hurtado León. La oposición, planteada en esos términos, provocaba la inmediata revocatoria del acto y, consiguientemente, las acciones concernientes al asunto que tuvieren lugar se ventilaran a través del juicio ordinario a instancia propia, en virtud del imperativo del artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone textualmente que “Si en el día señalado el vendedor o dentro de los dos días siguientes cualquier tercero, hicieren oposición a la entrega, fundándose en causa legal, se revocará el acto o se le suspenderá, según se le haya efectuado o no y podrán los interesados ocurrir a hacer valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente”. Este ha sido el sentido que la propia jurisprudencia de la Sala ha otorgado al mencionado artículo, cuando, en el fallo citado por los peticionarios, del 15 de febrero de 2000, recaído en el caso Amelia Dolores Rodríguez Salcedo, sentó: “En el presente caso, se puede observar que el Tribunal del Municipio Guaicapuro del Estado Miranda, y posteriormente el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción, al ratificar la decisión, violentaron el derecho al debido proceso, en razón de que el Tribunal del Municipio referido declaró sin lugar la oposición del tercero y ordenó se procediera a la entrega material del inmueble, y posteriormente el Juzgado de primera instancia que conoce de la apelación ratifica la actuación del Tribunal de Municipio, con lo cual ambos Juzgados han subvertido el procedimiento legalmente establecido y se han extralimitado en sus funciones. Puesto que, según lo establece el comentado artículo 930 del Código de Procedimiento Civil, el juez simplemente debía establecer que al haber oposición, tenía que suspender la entrega material del inmueble, sobreseer, y ordenar a las partes en conflicto dirimir tal problemática en la jurisdicción ordinaria.” (Subrayado Propio). De acuerdo a tales razonamientos, estima la Sala que la sentencia accionada violó, en efecto, el derecho constitucional al debido proceso de MATFLORCA, motivo por el cual la apelación formulada por la representación de esa empresa es considerada procedente y, en consecuencia, esta Sala resuelve anular la decisión accionada, respecto de la declaratoria sin lugar de la oposición formulada por esa empresa.