Sentencia N° 1812 de 2001: recurso de apelación en acción de amparo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 28 de septiembre de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la abogada Petra Margarita Aular en favor de Henry Antonio Gómez González, quien había solicitado un amparo contra la medida de privación judicial preventiva de libertad. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la solicitud de amparo, argumentando que no se habían vulnerado derechos constitucionales y que el debido proceso había sido respetado durante el proceso penal en curso. La Sala Constitucional revisó los argumentos de la defensa y concluyó que no había violación a derechos o garantías constitucionales, ya que el imputado había sido presentado ante los tribunales en los plazos establecidos y que las incidencias en el proceso estaban justificadas. La decisión de la Corte de Apelaciones fue confirmada, manteniendo la…

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Petra Margarita Aular, en su carácter de Defensora Pública Penal Décima Octava del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a favor del ciudadano HENRY ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ, contra la decisión que declaró sin lugar la acción de amparo incoada, dictada por la Sala nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el día 16 de mayo de 2001. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 28 de septiembre de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la abogada Petra Margarita Aular en favor de Henry Antonio Gómez González, quien había solicitado un amparo contra la medida de privación judicial preventiva de libertad. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la solicitud de amparo, argumentando que no se habían vulnerado derechos constitucionales y que el debido proceso había sido respetado durante el proceso penal en curso. La Sala Constitucional revisó los argumentos de la defensa y concluyó que no había violación a derechos o garantías constitucionales, ya que el imputado había sido presentado ante los tribunales en los plazos establecidos y que las incidencias en el proceso estaban justificadas. La decisión de la Corte de Apelaciones fue confirmada, manteniendo la…